Lo denunció el diputado provincial Horacio Loreiro (PRO), quien reveló cómo el oficialismo aprobó sin debate y a escondidas de la oposición, un “engendro” y “mezcolanza” de 5 proyectos en la comisión de Legislación, para, al día siguiente, sancionar como ley una iniciativa que tiene “errores garrafales” y que provocará un aluvión de demandas por inconstitucionalidad. Además, adelantó que presentarán impugnaciones ante la justicia federal, porque Misiones “es un feudo” y en la justicia provincial “nos consta que no prosperan las demandas”.
El diputado provincial Horacio Loreiro (PRO), calificó de inconstitucional y cocoliche, la llamada “Ley Mordaza” que fue sancionada este jueves en la Legislatura de Misiones, para crear una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos que permite a un fiscal, secuestrar teléfonos y aparatos electrónicos, violando la intimidad de las personas, por la mera sospecha de difundir “calumnias e injurias”, sin orden de un juez y sin que haya una demanda contra el delito de acción privada.
En diálogo con el programa Segunda Página, Loreiro anticipó que presentarán demandas por inconstitucionalidad contra la norma impulsada por el diputado provincial Carlos Rovira, pero ante la justicia federal o, inclusive, solicitarán un “Per Saltum” para que intervenga directamente la Corte Suprema de Justicia. Y explicó cómo pudo aprobarse una norma con tan graves y groseros errores, sin que la oposición pueda intervenir o, al menos, advertir a la ciudadanía sobre lo que se estaba pergeñando. Para el diputado, la ley se utilizará para acallar voces críticas en las redes sociales, un espacio que la Renovación no controla.
En primer lugar, Loreiro explicó cómo se gestó la aprobación del proyecto que retoma cinco iniciativas para su redacción final, que según expertos, contiene aberraciones jurídicas y artículos que son inconstitucionales.
Según el diputado macrista, entran cientos de proyectos por semana en la Legislatura y los diputados, en un periodo de actividad de apenas seis meses, no pueden estar al tanto de todas las iniciativas. Por esto, entre otros temas, se pide “preferencia” para que algún proyecto sea tratado en comisión.
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“Ellos (por los diputados de la Renovación) no pidieron ningún tipo de preferencia. De nuestro bloque (en la comisión de Legislación) la diputada Analía Labandoczka, nunca nos comentó nada porque justamente no se había tratado”, aclaró Loreiro, señalando que se enteraron del proyecto de Rovira en momentos en que estalló el escándalo por el pedido de detención y desafuero contra el diputado puertista libertario Germán Kiczka –hoy detenido por pedofilia–.
Fue entonces cuando “la gente nos empezó a preguntar. Ahí empezamos a ver, pero le consulté incluso al presidente de la bancada oficialista (Martín) Cesino y me dijo que ‘eso va a quedar ahí’ y que ‘en algún momento se va a tratar, pero, lo vamos a avisar con tiempo’. Y así quedó. Cuando miré el proyecto, no estábamos de acuerdo y les dije avísennos (cuando se trataba) Pero hace veinte días nos enteramos que había ya cuatro proyectos ingresados del mismo del mismo tema. Finalmente eran cinco”, contó Loreiro sobre la jugada previa del oficialismo, de evitar precisar la fecha en que debatirían la iniciativa que sancionaron el jueves pasado.
“En la última semana, el miércoles antes de la sesión, el día anterior a la sesión, se reunió esta comisión de legislación. Es una cosa insólita que si vos lo contás no te cree nadie: en media hora unieron los cinco proyectos, o sea, hicieron como un mix, como un aquelarre, una mezcolanza de todo, un cocoliche que no es serio, y decidieron darle un dictamen. O sea, sin consultar con la oposición”, denunció Loreiro añadiendo que la fecha fue elegida exprofeso, porque los dos opositores en la comisión, no estuvieron desde el principio de la reunión entre renovadores y aliados.
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Según Loreiro, el diputado radical Ariel Pianesi, estaba en Buenos Aires por un viaje y la mencionada Labandoczka tenía un evento en la escuela de su hija, y “llegó tarde, porque nadie la avisó con tiempo que se iba a tratar tampoco ese tema. Pero en media hora, sin consultas, sin discutir el tema, sin darle la profundidad necesaria para este tipo de temas tan importantes, toman la decisión de darle dictamen en positivo”, reveló Loreiro, explicando que los oficialistas ya tenían definido que se votaría al día siguiente, cuando no es lo habitual en la Legislatura.
“Hay dictámenes positivos de que tienen dos años, tres años, y después, en algún momento dado, se puede llegar a pautar, siempre tratando de consultar con la oposición, si se puede votar en el recinto. Lo hicieron todo a drede, todo a escondidas, entre gallos y medianoche como están acostumbrados. Y hacen lo que quieren. Así salió, siguen haciendo lo que quieren”, se quejó Loreiro, aclarando que está de acuerdo con la creación de herramientas institucionales para combatir nuevas modalidades de delitos, pero no puede apoyar esta ley impulsada por Rovira, por las formas y por el contenido.
“Hay que dotar a los organismos del estado de todas las herramientas para justamente para perseguir este tipo de ciberdelito que obviamente van creciendo, con la tecnología. Es más, (la diputada radical) Lilia Torres es una de las autoras de uno de los proyectos de estos cinco expedientes que entraron”, enfatizó Loreido, que se refirió a los artículos claramente inconstitucionales de la ley sancionada.
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Loreiro insistió en que los opositores “no tuvieron tiempo” para consultar a expertos sobre este proyecto de creación de una fiscalía especializada en ciberdelitos. Uno espera, trata, cree que va a tener el tratamiento suficiente y necesario y más con este tipo de cosas que son tan delicadas. Pero lo hacen tan mal, en forma desprolija, que obviamente van a tener veinte mil trabas a partir de ahora para implementar la esta ley, para poder reglamentarla, porque van a venir una catarata de juicio de inconstitucionalidad. Es seguro que va a pasar esto”, anticipó el diputado.
Dejando en claro que no entiende de temas legales y que su formación –ingeniero– es muy diferente de la de los abogados, se pueden detectar “muchos errores que son garrafales” en el proyecto sancionado como ley. “Por ejemplo, el artículo 6 que dice que el fiscal ante la mínima sospecha puede, este, secuestrar o allanar tu domicilio, secuestrarte cualquier dispositivo que tengas a mano. Eso es violar en la intimidad. Además, siempre son los jueces los que determinan si se puede allanar o si se puede secuestrar algo. En este caso hay una intromisión de la fiscalía en las funciones del juez. Eso no va a prosperar de ninguna manera. Abogados constitucionalistas me dicen que es imposible (que resista la prueba de constitucionalidad)”, subrayó Loreiro, poniendo de relieve que “uno de los más prestigiosos juristas de la Argentina”, Daniel Sabsay, también considera a la ley mordaza, una norma inconstitucional.
Sin embargo, Loreiro aclaró que los planteos que la oposición lleve adelante contra la norma, no se presentarán en juzgados de Misiones. “Obviamente estamos en un feudo acá en Misiones, hacen lo que se le canta, por eso nosotros, las presentaciones judiciales no las vamos a hacer en la provincia Misiones nunca, porque sabemos y nos consta que no prosperan de ninguna manera”, cuestionó.
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Los juzgados de Misiones, “son todos afines a la renovación, así que nosotros tenemos que dejar que esto corra. Y con el primer hecho que ocurra con respecto a esta ley que entre en vigencia, vamos a directamente acudir a la justicia federal o como nos dicen algunos hay que hacer un Per Saltum, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es la que rápidamente va a definir, si esto es inconstitucional o no”, explicó Loreiro sobre los pasos a seguir para que se derogue la ley mordaza.
En tanto, el artículo 7 habla de “calumnias, injurias o fake news o las falsas noticias. Pero primero quiénes quién va a definir qué es falso y qué no. Y entonces, por eso te digo, es totalmente arbitrario, este, totalmente discrecional”, alertó Loreiro. Y amplió: “como decía Lilia Torres en la sesión, las ‘fake news’, la falsa noticia, no está no está tipificada como un delito. O sea, vos podés opinar. En todo caso, después tendrás derecho a réplica o tendrás que reafirmar los dichos”, consideró Loreiro sobre los peligros que encierra este artículo de la ley mordaza.
“Hay muchos mecanismos que tiene la ciudadanía para (actuar) cuando, se ofender el honor de alguien (calumnias e injurias), pero de ninguna manera eso puede ser tomado como una sospecha para que a vos te secuestren las cosas y te y seas, preso de la de tus palabras, de ninguna manera”, cuestionó Loreiro sobre otro de los artículos que atentan contra la libertad de expresión garantizada por la Constitución Nacional.
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En tono crítico hacia el oficialismo, Loreiro se aventuró a plantear que se busca disciplinar y controlar a los ciudadanos y sus expresiones en las redes sociales. “Acá justamente lo que se quiere es más libertad y estos tipos van por cercenar todas las libertades de expresión que tenemos y toda las opiniones o las críticas que uno pueda tener. Esto es más político que otra cosa porque yo creo que ellos, o sea, la renovación no puede manejar las redes. Siempre les gustó manejar todo. De hecho, manejan el 90 por ciento de la justicia, y (la mayoría de) los medios de comunicación también sabemos todos que también están cooptados por la renovación”, fustigó Loreiro, en su explicación sobre los motivos del oficialismo para crear una fiscalía especial en ciberdelitos que persiga a las personas que critiquen a funcionarios provinciales en las redes sociales.
Por otra parte, prosiguiendo con las críticas al articulado de la ley, Loreiro advirtió que “en el artículo 10 también está el ‘agente encubierto digital’, que obviamente también debe estar en algún momento tipificado en la dentro de la SAIC (Secretaría de Apoyo en Investigaciones Complejas) Pero estos los quieren formalizar para cualquier tipo de ocasión y nosotros no estamos de acuerdo porque esto va a servir, para armarte causas, para que a la mínima sospecha, a la mínima crítica de la oposición, te van a caer como si estás haciendo un delito”, apuntó Loreiro.
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“Creo personalmente que esto es una cuestión totalmente política, quieren acallar las voces de la oposición, que nadie los critique. Y más que nada pensando en el año que viene, que es una elección intermedia, la renovación viene en caída libre. Se están equivocando en muchas de las medidas, ya empezaron en el año con veinte mil problemas y que siguen”, fustigó Loreiro, quien sacó a relucir que el gobierno y la justicia provincial “metieron presos” a los referentes de la policía que reclamaban mejores salarios.
“Ahora los van a tratar de acallar a los (trabajadores de) salud (con una causa penal iniciada por el ministro del área Héctor González) y así sucesivamente”, alertó Loreiro, señalando que otro de los sectores que podría verse perseguido a partir de la ley mordaza es el de los productores agropecuarios. “Ninguno de los rubros de la producción está funcionando y el gobierno actúa con mirando para otro lado o, tratando justamente de mentir o culpar al gobierno nacional de todo lo que está pasando en Misiones. Y para desviar la atención y no ocuparse de los temas que realmente importan, sacan este tipo de leyes que son para distraernos”, sentenció.
