Durante la última sesión ordinaria de este jueves, la Cámara de Representantes de la provincia aprobó dos leyes que generaron una amplia controversia y preocupación entre los defensores de los derechos humanos y expertos en derecho constitucional.
Se trata de la creación de la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos y la figura del Agente Cibernético Encubierto, normas que algunos consideran un retroceso en materia de derechos fundamentales. Estas leyes, presentadas bajo el pretexto de combatir la ciberdelincuencia, otorgan al Estado provincial herramientas que podrían vulnerar principios básicos del Estado de derecho y las libertades civiles, lo que ha dado lugar a su denominación como una «Ley Mordaza» encubierta.
¿Qué implica la Ley?
Las nuevas disposiciones buscan una “respuesta rápida y efectiva” frente a delitos cometidos a través de medios informáticos. La fiscalía tendrá como objetivo investigar, perseguir y prevenir este tipo de delitos, mediante el análisis de tendencias emergentes y la implementación de programas de concienciación para la comunidad. Sin embargo, estas leyes fueron duramente criticadas por otorgar facultades exorbitantes a las autoridades sin los controles adecuados.
Entre las medidas más preocupantes se destacan:
- Secuestro inmediato de dispositivos electrónicos sin la necesidad de una orden judicial previa. Esta medida vulnera el derecho a la defensa y la presunción de inocencia, exponiendo a los ciudadanos a abusos por parte de las autoridades.
- Amplia discrecionalidad fiscal en las investigaciones, permitiendo al fiscal colaborar con la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) sin restricciones claras, lo que podría dar lugar a investigaciones intrusivas y abusos de poder.
- Criminalización de las “fake news”. Penalizar la difusión de noticias falsas, especialmente a nivel provincial, es inconstitucional. Esta medida, que además carece de una definición precisa, amenaza la libertad de expresión y abre la puerta a la persecución de opiniones críticas al gobierno.
La figura del Agente Cibernético Encubierto
Uno de los aspectos más polémicos de estas leyes es la creación de la figura del “agente cibernético encubierto”, un funcionario autorizado para interactuar en entornos digitales bajo un perfil falso con personas investigadas por delitos informáticos. Este agente será parte de la SAIC, lo que ha despertado inquietudes sobre los posibles abusos de este poder.
Entre los principales riesgos se encuentran:
- Vigilancia masiva. La autorización para infiltrarse en espacios digitales y grupos de comunicación privados podría vulnerar derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad, protegidos por la Constitución.
- Infiltración en espacios protegidos. La posibilidad de que estos agentes encubiertos ingresen a organizaciones sociales, educativas o profesionales amenaza la libertad de asociación y la autonomía de estas instituciones.
- Fomento de la impunidad. Al eximir a los agentes encubiertos de responsabilidad penal por sus acciones en el ejercicio de sus funciones, se corre el riesgo de que se abuse de este poder sin mecanismos de control adecuados.
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Los artículos clave
Varios artículos de la ley han sido objeto de crítica, particularmente por parte del PRO y la UCR. Estos son los puntos más discutidos:
- Artículo 6: Autoriza el secuestro inmediato de dispositivos electrónicos cuando exista sospecha fundada de que han sido utilizados en la comisión de un delito. No se requiere orden judicial previa, lo que puede llevar a abusos y vulnera derechos fundamentales.
- Artículo 7: Penaliza la difusión de «fake news» a través de medios digitales, sin una definición clara del término. Este artículo, que excede las competencias provinciales al legislar sobre el Código Penal, es visto como una amenaza directa a la libertad de prensa y de expresión.
- Artículo 10: Regula la figura del agente encubierto digital, permitiendo la creación de perfiles falsos para infiltrarse en redes digitales. La medida solo debe aplicarse en casos excepcionales, pero su carácter vago ha generado temor de que sea utilizada de manera indiscriminada.
El peligro para la democracia
La implementación de estas leyes plantea un grave riesgo para la salud democrática y el Estado de derecho en Misiones. Las críticas se centran en que las medidas aprobadas consolidan un modelo autoritario basado en la vigilancia masiva y el control de la información. Además, la falta de controles judiciales efectivos para limitar el alcance de estas leyes debilita las instituciones democráticas.
El efecto intimidatorio de la ley, conocido como “chilling effect”, podría inhibir el debate público y disuadir a los ciudadanos de expresar sus opiniones o denunciar posibles abusos, por miedo a represalias. También existe el riesgo de que estas herramientas sean utilizadas para perseguir a opositores políticos, periodistas y activistas sociales.
En definitiva, la “Ley Mordaza” en Misiones representa un alarmante precedente en la erosión de las libertades civiles y el respeto a los derechos constitucionales en la Argentina. Aunque la ciberdelincuencia es una realidad que necesita ser combatida, las herramientas otorgadas al Estado provincial mediante estas leyes pueden ser utilizadas de manera abusiva, poniendo en peligro principios fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y el derecho a un juicio justo.
