Con 27 votos a favor, la legislatura misionera aprobó la iniciativa del Frente Renovador que busca combatir el ciberdelito y crea la figura del “agente digital encubierto”. Para la oposición y para varios abogados especialistas, la ley tiene algunos artículos atentan contra la libertad de expresión y son inconstitucionales.
En una sesión cargada, como era de esperarse, con cruces entre el oficialismo y parte de la oposición, la renovación impuso su mayoría este jueves y la Legislatura convirtió en ley la “Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos”, que tendrá sede en Posadas pero con competencia en toda la provincia. La iniciativa tuvo 27 votos a favor y 11 en contra.
El nuevo organismo judicial tuvo dictamen el miércoles de la Comisión de Legislación y surgió de la unificación de dos proyectos de ley del diputado Carlos Rovira; dos de los renovadores José Luis Pastori y Rafael Pereyra Pigerl; y uno de la radical Lilia Torres. Fue incorporado al orden del día al inicio de la sesión por pedido del presidente del bloque renovador Martín Cesino.
Cómo en las últimas semanas, la diputada Anazul Centeno fue la encargada de exponer los fundamentos del dictamen de comisión y expresó que el “consenso logrado se da sobre la necesidad de avanzar sobre la materialización de herramientas claves para la protección de la ciudadanía”.
“Estos delitos suceden dentro del espacio virtual donde concluyen una multitud de datos, información, servicios; entre otras cosas. Esto configuró un nuevo entorno que no se rige sobre las reglas clásicas del mundo físico. Los cuatros elementos por los cuales los Estados ejercen soberanías, tierra, aire, mar y espacio se han visto superado por esta nueva realidad que es el ciberespacio”, agregó.
“Esta ley es clara. No persigue ningún fin espurio, no persigue cercenar ningún derecho constitucional, ni restringir la libertad de expresión(…) Lejos de darle facultades ilimitadas a alguien, lo que hace es poner límites”, enfatizó en un claro mensaje a la oposición.
Por su parte, la diputada radical Torres, una de las co-autoras del proyecto, calificó como “una necesidad” la de contar con una Fiscalía de Cibercrimen en Misiones. Pero además, realizó varias observaciones y objeciones al dictamen sancionado. Dijo que los artículos 6 y 7 “desnaturalizaron” el proyecto por cómo está redactado debido a que “pueden usarse para herramienta para silenciar voces, críticas y limitar la libertad de expresión. Quiero dejar asentado a los fines de su aplicación e interpretación anterior, que los fake news, las noticias falsas, reguladas en esos artículos no son delitos tipificados por el Código Penal”, apuntó.
A su turno, el jefe del bloque de la UCR, Ariel Pianesi, valoró que “los proyectos que conformaron este dictamen tienen, en su mayoría, fines nobles con los que coincidimos”. Aún así, reiteró que “hacen ruido los artículos 6 y 7 y por el poder que se le otorga a la nueva fiscalía”.
