Lo advirtió la diputada provincial Lilia Torres (UCR), quien detalló los groseros errores de redacción que contiene el proyecto sancionado en la Legislatura de Misiones. Según la legisladora, los artículos que serán impugnados por inconstitucionales, fueron introducidos por el diputado y presidente del Frente Renovador de la Concordia, Carlos Rovira.
Este jueves, la legislatura sancionó con fuerza de ley provincial, el proyecto de Carlos Rovira para crear una Fiscalía de Instrucción Especializada en Ciberdelitos, una normativa que será denunciada por inconstitucionalidad y que según referentes de la oposición y diversos abogados del fuero local y nacional, advierten que podría atentar contra la libertad de expresión y el estado de derecho, al tiempo de presentar groseros errores de redacción.
Una de las que cuestionó el proyecto, es Lilia Torres, la diputada provincial de la UCR que presentó un proyecto para la creación de una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, pero que votó en contra de la iniciativa sancionada anoche, por las gravísimas falencias en algunos de sus artículos, en particular, los números 5, 6, 7 y 10.
En diálogo con el programa Rx – Realidad Mixta, Torres brindo detalles sobre las críticas que surgieron por parte de diputados, dirigentes, abogados y hasta referentes nacionales como Jimena De La Torre, la consejera de la Magistratura de la Nación. Apuntando a que varios artículos de la ley son innecesarios, Torres aseguró que “el artículo 5 es indudablemente nulo, porque está enmarcando, está detallando una conducta. Y la Cámara de Diputados de la provincia no tiene facultades para hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo de un procedimiento, no definiendo ni tipificando conductas. Así que el artículo 5 roza lo inconstitucional”, subrayó Torres.
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La diputada se lamentó de la terquedad del oficialismo en la Cámara, aunque aclaró que la mayoría legislativa de la Renovación “nos tiene acostumbrados a esto”.
En cuanto a otros artículos denunciados por inconstitucionales, Torres comentó: “El artículo 7 lleva la implicancia del artículo 6. Y no corresponde tampoco. Porque acá lleva a cuatro delitos, a cuatro delitos tipificados en el código penal, que pueden utilizar como medio de prueba a los ‘fake news’, a las falsas denuncias, a la información incompleta, a la información sesgada, de los medios (de prensa) incluso también. Y esos medios de prueba, pueden usarse como para disparar a estos a estos delitos”, comentó Torres sobre la extraña redacción de estos artículos.
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Los delitos de calumnias e injurias mencionados en la ley, “son instancia privada y requieren necesariamente, por un lado, la denuncia del ofendido, y por el otro lado, tiene su procedimiento especial en el código penal. Por qué nosotros tenemos que fijar un procedimiento especial, introduciendo incluso una figura como el fake-news como excusa (para que intervenga el fiscal especial)”, dijo la diputada.
De acuerdo con Torres, la ley otorga un superpoder al fiscal especial, pues no estaría limitado por las acciones del juez y puede actuar ante la “sospecha” de la comisión de un delito cibernético, entre los que se incluyen las “fake news”, las informaciones que puedan ser considerada injuriantes –sin que medie una denuncia–.
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Por otra parte, según Torres, la ley define como sujetos que pueden ser ofendidos, las instituciones y los funcionarios, cuando en realidad, son las personas físicas, las que pueden accionar en caso de sufrir calumnias. “Las personas jurídicas, como las instituciones, no pueden (ser objeto de injurias) Y tampoco los funcionarios públicos, porque me parece que esta norma es para los funcionarios públicos del gobierno”, resaltó la diputada, sobre uno de los efectos de la llamada “Ley Mordaza”.
“Lo que nosotros pensamos es que se quiere censurar, que es una censura (velada) Si nosotros dañamos algo cuando decimos algo de alguien, eso ya está protegido. No se necesita aumentar los tipos de prueba”, planteó la diputada.
Consultada al respecto, Torres confirmó que los artículos cuestionados fueron introducidos por orden del diputado Rovira, el jefe del oficialismo renovador en Misiones.
