Este jueves la Legislatura provincial aprobó la creación de una Fiscalía especializada en ciberdelitos. El proyecto, que propone modificar el Código Procesal Penal de la provincia, fue impulsado principalmente por el diputado Rafael Pereyra Pigerl del Frente Renovador (FR), y debatido ampliamente en varias comisiones. Entre los temas discutidos, se destaca la posibilidad de que fiscales actúen sobre casos de delitos graves en el entorno digital, incluso bajo sospecha, antes de contar con una orden judicial.
En este sentido, Pereyra Pigerl dialogó con “El País de la Libertad” de Radio Up 95.5 y defendió la “Ley Mordaza”, argumentando que su finalidad es hacer frente a delitos «gravísimos», como el caso del exdiputado Kiczka.
“La libertad de prensa, la libertad de opinión, no está puesta en duda de ninguna manera”, señaló el diputado, asegurando que la nueva ley está diseñada para combatir crímenes complejos que traspasan fronteras, y no para restringir derechos.
El diputado explicó que la figura del agente encubierto digital, contemplada en la nueva ley, solo se aplicará en grupos cerrados y para investigar delitos de extrema gravedad. “El juez lo tiene que fundar, tiene que establecer el tiempo de duración”, explicó, subrayando que estos agentes dependerán del fiscal de ciberdelitos y de la Secretaría de Delitos del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Esta modalidad, según indicó, ya existe en otros tipos de investigaciones, como las escuchas telefónicas.
“La norma está pensada para delitos gravísimos”
Ante las críticas recibidas por la posibilidad de que esta nueva figura pueda alterar el orden de las investigaciones, Pereyra Pigerl fue enfático en señalar que la ley sigue los mismos principios que otras normas procesales.
“Siempre tiene que estar confirmado que hay un delito que se está cometiendo”, afirmó, refiriéndose a que la justicia solo actuará cuando existan indicios de la comisión de un crimen. “No se va a intervenir solo por una falsa noticia que no es delito”, aclaró, refutando preocupaciones sobre posibles ataques a la libertad de expresión.
El uso de tecnologías como las redes privadas virtuales (VPN) también fue tema de debate. Aunque algunos señalaron que el uso de VPN podría ser considerado sospechoso según la nueva ley, Pereyra Pigerl subrayó que solo sería un agravante si está vinculado a la comisión de un delito. “No estamos hablando de que alguien utilice un VPN para proteger su privacidad. Eso no es un delito, hablamos de cuando se utilizan para cometer delitos graves contra la integridad física de otras personas”, aseveró.
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Por otro lado, Pereyra Pigerl destacó que su propuesta fue discutida en comisión en varias ocasiones, recibiendo aportes de asesores legales y especialistas en derecho penal. “Mi proyecto fue presentado hace más de un año y pasó por la comisión unas cinco veces”, aseguró, defendiendo el tiempo y la profundidad del debate. Además, añadió que su proyecto fue enriquecido con la participación de otros legisladores y se basó en convenios internacionales como el de Budapest de 2001, ratificado por Argentina en 2017.
En cuanto a las consultas con expertos, explicó que los asesores de la legislatura jugaron un rol clave en la redacción del dictamen final. “Algo sabemos, vemos en otras jurisdicciones y también algo internacional”, manifestó, refiriéndose a la experiencia acumulada en la provincia y el país en la lucha contra los delitos tecnológicos.
“La libertad de expresión no está en riesgo”
Por último, Pereyra Pigerl insistió en que la nueva ley no supone un riesgo para la libertad de prensa ni para la libertad de expresión en general. “En estos días, ADEPA dijo que somos un ejemplo en la provincia de Misiones de libertad de prensa, libertad de expresión”, comentó, refiriéndose a la posición de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.
También apuntó que, aunque los periodistas tienen el derecho de informar, “si vos hoy, en tu medio de comunicación, empezás a hacer apología del delito, ese es un delito penal”.
