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Hace ya varios años venimos observando que los tiempos políticos y sociales que estamos viviendo en Argentina nos ofrecen a dirigentes y funcionarios que encuentran en el conflicto una manera de comunicar. Algunos han desarrollado una teoría e incluso escribieron libros para describirlo. No es una novedad ni un fenómeno aislado: es la puesta en práctica de lo que en la ciencia política actual se conoce como la “ingeniería del caos”. Inspirados en lógicas como las que describe la literatura política moderna -al estilo de El mago del Kremlin- o la propia Teoría del Caos aplicada a la sociedad, ciertos actores entienden que la imprevisibilidad, la polarización constante y el ruido permanente son las mejores herramientas para gestionar las percepciones y construir poder.
Esta arquitectura de la confrontación permanente no surge por casualidad; responde a la premisa de que un electorado encandilado por el espectáculo es incapaz de exigir soluciones concretas para el día a día. Se fabrican batallas culturales para tapar la falta de gestión real. Lo cierto es que este modelo nos ha hecho perder la noción de lo realmente importante y lo único que importa, que es gobernar, legislar y vivir en un país donde el diálogo debe ser prioridad. En ocasiones cometemos errores creyendo que es la única salida, o incluso algunos gobernantes livianamente dicen "estamos sancionando leyes para los próximos 100 años", como si esto tuviera algún valor real o significara una oportunidad para el presente.
En los 90, numerosas campañas recorrieron el planeta con imágenes de niños que pretendían generar una falsa conciencia insinuando que estamos legislando por ellos; sin embargo, lo más importante se escondía.
Porque mientras esto sucedía, los que estaban gobernando en ese preciso momento tomaron decisiones que no afectaron positivamente a las nuevas generaciones. No pasó y nunca pasará, porque la realidad es que la Argentina, al igual que la gran mayoría de los países, ha encontrado en su carta magna o Constitución el modo de establecer las prioridades para su república, las cuales, sin importar los gobiernos ni las condiciones futuras, deberán permanecer intangibles.
Serán las nuevas y actual generaciones a las que les toque gobernar entre décadas las que deberán ir amoldando el Estado a consolidar estas garantías, que justamente son garantías constitucionales, que según las condiciones del planeta puede ir ajustando los requerimientos sin que esto signifique torcer el rumbo constitucional.
Todo esto que se dio por hecho, e incluso que en muchas escuelas se busca enseñar, ha sido el motor de un inocente modo de entender el Estado, pero que también es necesario. En virtud de esta apreciación, vale destacar entonces que lo que se legisla no define el futuro, sino más bien el presente. Por tomar un ejemplo actual, la Ley de Tierras (o extranjerización o inviolabilidad, según quien quiera referirse al tema) es la prueba de que las decisiones que se toman en la actualidad son pensadas para la actualidad, con ojos de actualidad y con objetivos urgentes, que pueden ser de soberanía, de darle valor a algo o con fines económicos recaudatorios únicamente.
De manera que esta realidad —explicada en una sola ley pero que se repite a lo largo de los gobiernos— merece una interpretación diferente de los hechos, y en consecuencia la necesidad de comprender que hay discusiones que la política mezcla con políticos y con empresarios. No porque no deba ser así, sino porque las empresas son diseñadas para generar capital y riquezas particulares y la política es una herramienta diseñada para garantizar los resortes necesarios para que el Estado pueda desarrollar las condiciones donde el pueblo pueda curar, vivir, trabajar y educarse en su tierra.
Esta diferencia conceptual no es menor ni abstracta; marca la frontera ética del ejercicio público. Esta singular diferencia que determina lo público de lo privado no exime a uno del otro de construir un camino en un sentido u otro. Sin embargo, lo que sí establece diferencia es que los debates, las construcciones políticas y empresariales deben tener como prioridad buscar nuevos consensos y animarse a construir nuevos conflictos.
Es decir, las generaciones actuales tenemos la obligación de poder confrontar y construir el presente, que es este el que definirá el futuro. Las normas pensadas en el futuro sin ningún presente y borrando todo el pasado son las que promueven la decadencia y la desigualdad de la patria.
Así como sucede en el ámbito nacional, también ocurre lo mismo en el ámbito provincial. Con ello debemos comprender que los enfrentamientos ligados a "viejos vinagres" no pueden ser los que definan el presente, menos aún el futuro de la generación actual de jóvenes dispuestos a conducir la provincia y el país, con la seguridad de estar dispuesta a asumir las equivocaciones que hagan falta en la base del consenso generacional y no de las viejas luchas que tuvieron origen en tiempos pasados y al día de hoy ya han mutado, no así quienes se ofrecen para solucionarlas.
Frente a la trampa de los relatos mesiánicos y los estrategas de la división, la juventud tiene el deber histórico de recuperar el valor de la gestión territorial y la palabra dada. El futuro no se decreta con eslóganes ni con leyes fantasma pensadas para un siglo después; el futuro se edifica garantizando las condiciones urgentes del presente. Es hora de apagar el ruido de la telerrealidad política y encender la potencia transformadora de los nuevos consensos.
