//
La pobreza continúa afectando a millones de niñas, niños y adolescentes en Argentina. De acuerdo con un nuevo informe presentado por UNICEF Argentina, el 42,3% de la población menor de 18 años vivía en hogares pobres durante el segundo semestre de 2025, mientras que el 9,4% se encontraba en situación de indigencia.
Los datos oficiales reflejan que alrededor de 5,1 millones de chicos y adolescentes residen en hogares cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total. De ellos, cerca de 1,1 millones viven en hogares que ni siquiera logran acceder a la canasta alimentaria mínima.
Si bien la cifra representa una mejora respecto del segundo semestre de 2024, cuando la pobreza infantil alcanzó el 52,7%, UNICEF advirtió que la tendencia podría revertirse durante 2026. Las estimaciones para el primer semestre de este año proyectan que la pobreza infantil volvería a ubicarse en torno al 44,4%, mientras que la pobreza extrema alcanzaría el 10,8%.
Las desigualdades detrás de los números
El informe destaca que el impacto de la pobreza no es homogéneo y afecta con mayor intensidad a determinados sectores de la población. Entre los hogares con muy bajo nivel educativo, el 68,8% de las niñas y niños son pobres. La situación se agrava en los hogares donde la persona de referencia está desocupada, donde la pobreza alcanza al 74,8%.
Asimismo, más de la mitad de los hogares monoparentales encabezados por mujeres atraviesan situaciones de pobreza. Según el estudio, el 52,8% de los niños y adolescentes que viven en estos hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
UNICEF señaló que estos datos evidencian la necesidad de fortalecer políticas integrales que combinen transferencias monetarias con sistemas de cuidado y oportunidades laborales compatibles con las responsabilidades familiares.
El rol clave de las transferencias sociales
El organismo remarcó la importancia de programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar y otras políticas de transferencia de ingresos para contener la pobreza extrema.
Según las estimaciones del informe, la indigencia infantil sería seis puntos porcentuales más alta si estos programas no existieran. Las prestaciones permiten sostener un piso mínimo de ingresos y evitan que miles de familias con niñas y niños caigan por debajo de la línea alimentaria.
Sin embargo, UNICEF advirtió que las privaciones no se limitan a los ingresos. El 42,8% de los chicos presenta al menos una carencia vinculada con vivienda, acceso al agua potable, saneamiento, hábitat, educación o protección social.
A esto se suma que siete de cada diez hogares con niñas, niños y adolescentes recurrieron durante el último año a endeudamiento, ayuda de terceros o venta de pertenencias para afrontar gastos básicos.
Preocupación por el presupuesto destinado a la infancia
Durante la presentación del informe, realizada en el Círculo Italiano de Buenos Aires, UNICEF también difundió un análisis sobre la evolución del presupuesto nacional destinado a la niñez y adolescencia.
El estudio indica que durante 2025 se registró una recuperación real del 4% respecto del año anterior, impulsada principalmente por las políticas de protección de ingresos, que representan cerca del 88% de la inversión nacional destinada a la infancia.
No obstante, el panorama para 2026 genera preocupación. En los primeros meses del año, la ejecución presupuestaria destinada a niñas, niños y adolescentes mostró una caída real del 6% en comparación con igual período de 2025. Las reducciones alcanzaron áreas sensibles como educación, nutrición, alimentación, protección de derechos y primera infancia.
De mantenerse el presupuesto vigente sin ampliaciones, UNICEF estima que la inversión nacional destinada a la niñez podría registrar una caída real del 16% durante 2026 respecto del gasto ejecutado el año anterior.
El organismo sostuvo que los recientes aumentos de prestaciones sociales podrían requerir refuerzos presupuestarios para garantizar su cumplimiento efectivo, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de fortalecer el financiamiento de políticas vinculadas con educación, alimentación, cuidado y protección de derechos para reducir las desigualdades que aún afectan a millones de niñas, niños y adolescentes en Argentina.
