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La defensa de Diego Spagnuolo, uno de los procesados en la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un nuevo planteo judicial para solicitar la nulidad de la pericia sobre los audios incorporados al expediente y frenar cualquier medida destinada a obtener muestras de su voz para un cotejo fonético.
El escrito, firmado por el abogado Pablo Parera, cuestiona la resolución judicial que ordenó convocar a Spagnuolo para aportar material de comparación y sostiene que esa medida vulnera el principio constitucional que impide obligar a una persona a declarar contra sí misma.
Según la presentación, la decisión judicial convirtió al imputado en un «sujeto de prueba«, al exigirle aportar material considerado indispensable para la realización del estudio pericial. En ese sentido, la defensa afirmó que la orden fue emitida sin consentimiento previo y que implica una forma de colaboración forzada incompatible con las garantías previstas en la Constitución Nacional.
Uno de los puntos centrales del planteo es que la toma de muestras de voz requiere una participación activa del acusado, por lo que no podría imponerse de manera compulsiva. Los abogados sostuvieron que cualquier intervención del imputado en ese procedimiento podría derivar en consecuencias desfavorables para su situación procesal.
Cuestionamientos sobre la autenticidad de los audios
La defensa también puso en duda la validez de las grabaciones que forman parte de la investigación. Según el escrito presentado ante la Justicia, los audios exhiben características que permitirían sospechar una posible manipulación previa a su incorporación al expediente.
Entre los argumentos expuestos, señalaron que en los registros sólo se escucha una voz, pese a que el contenido aparenta corresponder a conversaciones entre dos o más personas. A criterio de los defensores, esta circunstancia podría indicar que se eliminó la participación de otros interlocutores.
Además, plantearon la hipótesis de que las grabaciones podrían haber sido construidas mediante la unión de fragmentos provenientes de distintas comunicaciones, generando un único archivo. También sugirieron que la ausencia de otras voces podría ocultar eventuales provocaciones o incitaciones dirigidas al hablante registrado.
Investigación paralela por el origen de las grabaciones
Otro de los fundamentos utilizados por la defensa es la existencia de una causa paralela que tramita en el Juzgado Federal N°12, donde se investiga la procedencia de los audios y la posible obtención ilegal de conversaciones privadas.
Según remarcaron, en ese expediente se analiza si existieron maniobras prohibidas por la Ley Nacional de Inteligencia vinculadas con la captación y obtención irregular de comunicaciones. En ese contexto, sostuvieron que resulta prematuro utilizar las grabaciones como prueba mientras su legalidad y autenticidad continúan siendo objeto de investigación.
Con estos argumentos, Spagnuolo solicitó que se declare la nulidad de la resolución que ordenó obtener muestras de su voz, que los audios sean excluidos del expediente y que se suspendan las pericias hasta que se resuelvan los planteos pendientes.
Asimismo, pidió que se invalide toda la actividad procesal posterior vinculada a esas grabaciones, al considerar que podrían constituir prueba contaminada.
La presentación se produjo luego de que los imputados cuestionaran inicialmente la falta de peritajes sobre los audios. Posteriormente, la Cámara Federal ordenó avanzar con esas medidas y el juez Ariel Lijo dispuso la realización de las pericias correspondientes.
Fuentes judiciales señalaron que, hasta el momento, las grabaciones no fueron utilizadas como prueba para dictar los procesamientos, decisión que se apoyó en otros elementos incorporados a la investigación.
