En un contexto donde la transparencia y el acceso a la información pública son temas de creciente importancia, el abogado Gustavo Maldonado dialogó con “La Última Rosca” de radio Up 95.5 y compartió sus reflexiones sobre las recientes modificaciones en la Ley de Información Pública y su impacto en la ciudadanía. Además, abordó el caso Kiczka, destacando las implicaciones legales y políticas que rodean esta polémica situación.
Reglamentación de la Ley de Información Pública: ¿Pro o Contra?
La reciente reglamentación de siete artículos de la Ley de Información Pública, sancionada en 2016, ha suscitado un debate significativo. En este sentido, Maldonado explicó que esta reglamentación, implementada a través del Decreto 728/24, introduce restricciones que alteran el paradigma original de la ley.
“Este decreto restringe un poco esa libertad”, afirmó, subrayando que el objetivo inicial de la ley era brindar acceso transparente a la ciudadanía sobre el uso de los recursos estatales y las acciones de los funcionarios públicos.
Maldonado reconoció que, si bien algunos ciudadanos han abusado del derecho a la información, como en el caso de los gastos en la construcción de una cucha para el perro presidencial, considera que las nuevas restricciones pueden ser excesivas. “No por eso también del otro lado deben cometer otro abuso, restringiendo en definitiva ese acceso a la información que debemos tener”, puntualizó.
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En cuanto a la legitimidad de las modificaciones, Maldonado fue claro: “Lo que no está bien es cambiar la naturaleza de la ley». Aunque el Ejecutivo puede reglamentar leyes, el abogado cuestionó que esta reglamentación haya cambiado el espíritu con el que fue concebida originalmente.
Un aspecto polémico de la nueva reglamentación es la introducción del criterio de “buena fe” en las solicitudes de información pública. Según Maldonado, se establece que cualquier solicitud debe ser realizada de buena fe, de lo contrario, se podrían aplicar sanciones bajo el artículo 10 del Código Civil y Comercial. “Esto implica que, si un ciudadano o una ONG se excede en sus peticiones, se le podría imponer una multa”, adviritó Maldonado, quien consideró que esta medida puede ser utilizada para silenciar solicitudes legítimas.
En tanto, Maldonado también reflexionó sobre cómo esta reglamentación podría afectar a las provincias, en particular a Misiones. En este contexto, criticó la falta de acceso a la información pública en la provincia y la posible aplicación de esta nueva normativa de manera más severa. “La información en la provincia, en el municipio, nunca estuvo, nunca fue accesible”, lamentó.
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El caso Kiczka: entre la política y la justicia
En relación al caso Kiczka, que ha generado gran repercusión en los medios y la opinión pública, Maldonado ofreció una perspectiva crítica sobre la intervención política en el proceso judicial. “La política, pretendiendo acaparar absolutamente todo el resto de los poderes del Estado, nuevamente se durmió y pretendiendo el escarnio público de una persona”, afirmó.
El abogado subrayó que, en lugar de permitir que la justicia actuara de manera independiente e inmediata, la política intervino, retrasando y complicando el proceso. “El sistema republicano no es solamente para el Estado Nacional, para los estados provinciales también”, insistió Maldonado, señalando la importancia de mantener una clara separación de poderes.
Finalmente, Maldonado comentó sobre la reciente filtración de imágenes de los padres de Sebastián y Germán Kiczka en una visita a la comisaría. Cuestionó la legalidad de la divulgación de estas imágenes y las implicaciones éticas que conlleva. “Es el juego de la política del que estamos hablando, donde los dos bandos que se están tirando con de todo”, concluyó.
