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La disposición fue adoptada por el Gobierno de Misiones en un contexto de mayor dificultad para afrontar las obligaciones crediticias, con el objetivo de preservar una mayor parte de los ingresos de los agentes activos y pasivos de la administración pública. El nuevo límite alcanza a los préstamos, mutuos y financiaciones que se cobran mediante códigos de descuento administrados por el Centro Único de Administración de Descuentos (Cuad).
Passalacqua explicó que la decisión responde al escenario económico y a los niveles de endeudamiento que atraviesan algunas familias. “En el país la cosa no está fácil, lo sabemos todos. Por eso tomé la decisión, vía decreto, para aquellas personas que van a tomar un crédito porque están sobreendeudadas con la situación”, sostuvo.
El gobernador también señaló que la normativa apunta a reducir el peso de los intereses y anticipar al trabajador cuánto afectará la operación sobre sus ingresos. “La tasa de interés, a la mitad. Además, avisarle antes al usuario de cuánto va a ser ese descuento para que su vida sea previsible”, afirmó.
La medida alcanza, entre otros sectores, a trabajadores de seguridad, educación y salud, además de otros agentes de la administración pública y jubilados incluidos en el sistema de descuentos. “Todo lo hacemos en salvaguarda del bolsillo de la querida familia misionera”, expresó Passalacqua.
El descuento máximo será del 30% del haber neto
El decreto establece que el conjunto de las deducciones voluntarias no podrá superar el 30% del haber mensual neto, una vez aplicados los descuentos obligatorios correspondientes.
La Provincia ya había establecido anteriormente un límite del 39% para los nuevos créditos con código de descuento. Ahora, ese porcentaje vuelve a reducirse para dejar un mayor margen disponible de los ingresos mensuales.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno provincial menciona el escenario de endeudamiento y datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que ubican la morosidad del crédito en 12,7%.
La normativa sostiene que el nuevo esquema busca preservar la liquidez de los agentes públicos y evitar que las obligaciones financieras comprometan una proporción excesiva de sus haberes.
También habrá límites para las tasas y el costo financiero
El decreto no se limita al porcentaje que puede descontarse del salario o jubilación. También fija parámetros para determinar cuánto pueden cobrar las entidades que otorgan los créditos.
Desde la entrada en vigencia de la norma, la Tasa Nominal Anual (TNA) no podrá superar el promedio mensual correspondiente a los préstamos personales publicado por el BCRA. Para establecer el máximo aplicable, se deberá utilizar el último promedio mensual disponible antes de otorgar cada operación.
A su vez, el Costo Financiero Total (CFT), expresado como Tasa Nominal Anual, no podrá superar en más de un 40% la TNA máxima de referencia.
Dentro de ese costo deberán contemplarse los intereses, impuestos, comisiones, seguros, gastos administrativos y cualquier otro cargo relacionado con el crédito. De esta manera, la normativa busca evitar que conceptos adicionales incrementen el costo final de la operación por fuera de los parámetros establecidos.
También queda prohibido exigir al agente pagos, comisiones, seguros o gastos que no hayan sido informados previamente e incluidos en el CFT utilizado para determinar el límite.
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Los trabajadores deberán conocer cuánto pagarán antes de aceptar el crédito
El nuevo régimen incorpora mayores exigencias de información para las entidades que operan mediante códigos de descuento.
Antes de concretar un préstamo o financiación, deberán informar al agente cuánto dinero recibirá efectivamente, la cantidad de cuotas, el valor de cada cuota, las tasas aplicadas, el CFT, las comisiones, los seguros, los gastos administrativos y el monto total que deberá devolver.
Las entidades también deberán presentar ante el Cuad, durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, la información correspondiente a las tasas, costos y condiciones de los créditos que ofrecerán durante ese período. Además, tendrán que comunicar las condiciones aplicadas durante el mes anterior.
Estos datos tendrán carácter de declaración jurada y podrán ser respaldados con documentación cuando el Cuad lo requiera.
En caso de incumplimientos, el organismo podrá disponer, luego de la correspondiente intimación y verificación, la suspensión del código de descuento de la entidad involucrada.
Qué pasará con los créditos que ya fueron otorgados
Las nuevas condiciones se aplicarán a los préstamos, mutuos y financiaciones celebrados desde la vigencia del decreto, así como a las renovaciones, refinanciaciones y novaciones posteriores.
En cambio, los créditos otorgados con anterioridad mantendrán las condiciones pactadas originalmente. Sin embargo, la normativa contempla mecanismos para adecuar los descuentos cuando las obligaciones existentes superen el nuevo límite.
Para esos casos, las entidades deberán procurar acuerdos con los agentes activos o pasivos con el objetivo de refinanciar o reestructurar las deudas, incluyendo la posibilidad de extender los plazos y modificar las condiciones financieras cuando corresponda.
La reestructuración no podrá generar una situación más perjudicial para el agente y deberá permitir que los nuevos descuentos se ajusten al tope del 30% del haber mensual neto.
Con esta modificación, Misiones profundiza el esquema que había comenzado con el límite del 39%. El nuevo régimen combina un menor porcentaje de afectación de los haberes, topes para las tasas y el costo financiero, mayores obligaciones de información y mecanismos de refinanciación para quienes ya tienen comprometidos sus ingresos.
