El abogado Alejandro Jabornicky defendió los argumentos del ministro de Cambio Climático Gervasio Malagrida, que se presentó ante la justicia para denunciar “calumnias e injurias” contra un usuario de la red social X que sostuvo que el funcionario había sido llamado a declarar ante el juez Ariel Lijo, en el marco de una causa penal por la presunta malversación del FET para comprar bioherbicidas truchos fabricados por la empresa Agro Sustentable.
“Hay una injuria y calumnia por parte del comportamiento de estos twitteros, (…) un delito civil (y) penal; discutiremos si se aplica a la ley (de fiscalía en ciberdelitos), si no se aplica, si es constitucional, si no es constitucional, pero hay que hacer saber que para insultar, degradar, maltratar a una persona en las redes, tenés que tener pruebas”, bramó Alejandro Jabornicky, el abogado penalista que representa al secretario en Cambio Climático, Gervasio Malagrida, en su demanda contra un usuario de X por haber posteado que lo había llamado a declarar en indagatoria, el juez federal Ariel Lijo.
En diálogo con Rx – Realidad Mixta, el abogado vinculado a la Renovación defendió los argumentos de la demanda penal que inició el ministro de Cambio Climático con su patrocinio y cuestionó a dirigentes de la oposición que cuestionan la legalidad de la llamada “Ley Mordaza”, es decir, la ley que crea la fiscalía especializada en ciberdelito y otorga al flamante fiscal, la facultad de ordenar secuestros y detenciones sin orden judicial –artículo que viola la Constitución Nacional.
Con respecto a la demanda, Jaborniky contó que luego de ser publicada en el Boletín Oficial de este martes, la mencionada ley, se comunicó con su socia Rosana Moll quien le dijo que Malagrida “es un cliente, es un amigo, es una familia muy importante”. “La verdad es que lo que hacen con él en esta cuenta y con muchos ciudadanos más, en esta cuenta y en otras más que estamos identificando, es tremendo”, confió.
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“Es tremendo porque la ‘ley mordaza’, la novela que la quieran poner, pónganla. Pero la realidad es que hay una injuria, hay una calumnia y hay esencialmente por parte del comportamiento de estos twitteros, de youtubers, un clásico delito de injuria y calumnia, un delito civil, delito penal, discutiremos si se aplica a la ley, si no se aplica, si es constitucional, si no es constitucional. Pero hay que hacer saber y hay que explicar que para insultar, degradar, maltratar a una persona en las redes, tenés que tener pruebas”, lanzó Jabornicky.
Y añadió: “Si no tenés pruebas, perfecto, vamos a asumir la cuenta, la responsabilidad. Nadie está restringiendo la libertad de expresión menos la libertad de prensa. Simplemente lo que queremos es que se publique la verdad, no que se publiquen impresiones, exposiciones o situaciones que de alguna manera se cree que tiene quien hace el post, quien hace el video o quien comunica. Muchas veces, muchas veces por fuera de la jurisdicción”, subrayó el abogado.
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“Por suerte estas cuentas, tenemos claramente identificada ya el IP y propiedad de quienes son. Y vamos por ellos, para que la ciudadanía sí reciba información, pública, oficial cierta y verdadera”, manifestó el abogado que representa al ministro Malagrida, en lo que es la primera demanda invocando la ley mordaza.
Según la demanda de Malagrida, con la representación de Jabornciky, el 2 de octubre en la red social X el usuario “Blacklist” realiza publicación: “Bomba en #misiones el secretario de cambio climático @gervasiorock citado a declarar en Comodoro Py en el juzgado del juez Lijo por la causa agro sustentable, todo esto acelerado por la venta de Monsanto a Bayer, el herbicida trucho sigue llevando funcionarios a declarar”. La denuncia muestra el link del tuit que ya fue borrado por el usuario aunque hay capturas de pantalla, y adjunta en captura de pantalla.
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En el escrito presentado por Malagrida, el ministro sostiene que “nada de lo que contiene esa publicación es veraz, no habiendo sido nunca mi persona citada a declarar en causa alguna ante el Juez Lijo”. “Con lo cual esa publicación se trata de una ‘fake news’ (Noticia falsa); que resulta calumniante e injuriante para mi persona al vincularme con los tópicos de: ‘causa agro sustentable’ (en cuanto es utilizada la palabra ‘causa’ como ‘expediente judicial’), ‘venta de Monsanto a Bayer’ y ‘herbicida trucho’, y mencionarme no en mi calidad personal sino por la función pública que actualmente ejerzo, de: ‘secretario de cambio climático’”, agrega el escrito impulsado por el ministro y su abogado Jabornicky.
“Esto último genera que se me perjudique en forma personal, en mi honor, dignidad e imagen personal frente a las personas; sino también en mi faz profesional, dado el daño de mi honor, dignidad e imagen frente a los miembros del partido político que represento y la comunidad en que ejerzo mi cargo”, argumenta Malagrida en su denuncia.
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Y completa el planteo mencionando que la “incluso, el hecho denunciado perjudica a tal partido político del que soy parte frente a la comunidad, por la manifestación de que uno de sus miembros está implicado en hechos ilícitos investigados judicialmente; y a la comunidad en su conjunto por la falsedad de la noticia que se publica respecto de una cuestión de interés público (en cuanto referente a un funcionario público en ejercicio de su función pública), con una aseveración y certeza absolutas (sin uso de forma verbal potencial o condicional, o de interrogante)”.
Con estos argumentos, e invocando artículos de la “ley mordaza”, Malagrida y Jabornicky piden que se “solicite la instrucción formal al Juzgado de turno y se proceda a investigar lo denunciado y determine el autor del ilícito mediante el usuario de X que se ha individualizado.”
Asimismo, solicitan que “se aplique la ley de ciberdelito de Misiones y disponga las medidas pertinentes para investigación que contempla la misma”. Y que “se dispongan también medidas precautorias urgentes para que continúe ejecutándose el delito y persista el perjuicio. En consecuencia, se ordene el cese de la publicación calumniante en forma inmediata.”
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Consultado por la falta de un fiscal especializado en ciberdelitos, porque se estarían realizando los concursos para designar al funcionario a cargo de esta fiscalía espacial, Jabornicky insistió en que los fiscales ordinarios pueden actuar.
Y como se esperaba, Jabornicky defendió la normativa que fue rechazada por diversos abogados constitucionalistas y penalistas del fuero nacional (Daniel Sabsay) y local (los doctores Eduardo Paredes y Roxana Rivas, entre otros) “Acá lo que hay que comprender es que las fiscalías que hoy tenemos en la jurisdicción no son inoficiosas, ineficientes, al contrario, están sobrecargadas. Pero creo que pueden instrumentar y llevar adelante claramente una ley, una ley que es práctica, una ley que es sencilla, una ley que pone blanco sobre negro, de todo lo que de alguna manera venimos transitando el mundo de las redes, el mundo de la informática”, dijo.
“Nosotros tipificamos y creemos que todos esos delitos que engloba la ciberdelincuencia van contra la personalidad, contra buen nombre y contra el honor. Es el bien jurídico que la ley penal protege. Por supuesto esto tendrá algún tipo de sanción penal o luego se reconducirá a través de resarcimientos civiles, indemnizaciones”, subrayó.
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En un tramo saliente de la entrevista, Jabornicky se metió en terreno resbaloso al opinar que el gobierno nacional también busca combatir las noticias falsas que afectan a la figura del presidente Javier Milei, conocido por difundir “fake news” casi a diario, como cuando reposteó una noticia falsa vinculando a La Cámpora con los incendios forestales en Córdoba, publicación que fue desmentida por el Fiscal General cordobés, Juan Manuel Delgado.
“Veo por parte del Gobierno Nacional un acercamiento a esta tendencia, en lo que es la baja de la inimputabilidad de los menores. Lo veo un poco vinculado a este tema y a la noticia, y a la noticia falsa que tanto afecta a la figura del presidente. Y se ha hecho mucha crítica con respecto al periodismo titular, oficioso, el periodismo de historia. Pero también hay en las redes una información que es falsa, que desprestigia, que propone una verdad que no es la correcta y que la ciudadanía se arroja a la confusión”, comentó Jabornicky, en defensa de la ley mordaza y de la gestión anarco-capitalista.
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“Yo insisto que el Gobierno Nacional piensa de igual manera, si bien se arroja contra algunos periodistas que hablan de cuestiones económicas, de pago, de ensobramiento, no creo que sea el caso, creo que debe ser alguna situación excepcional. Entonces este periodista, tuitero, youtuber dice o practica cualquier cosa dice algo que perjudica la imagen, perjudica el proyecto, pero en este caso perjudica el futuro de un proyecto nacional que los argentinos votaron”, opinó Jarbonicky, olvidando que Milei obtuvo el 55% de los votos en segunda vuelta electoral, mientras que en la primera vuelta presidencial, no llegó al 30%.
Retomando sus críticas a la oposición que sostiene que la Ley Mordaza atenta contra la libertad de expresión y el estado de derecho, Jabornicky recalcó: “no vengan a manifestarte con esta técnica de la ley Mordaza, simplemente lo que queremos saber es por qué publicar esta información falsa.”
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“Esto es más profundo, acá está esta oposición que hoy está relacionada con los abusos y a la pedofilia, en el fondo aquí hay una estructura de la vieja política que aquí no se lo quiere, no se lo respeta, y un diputado provincial, apellido Núñez, que también intentó generar falsas denuncias y una actividad psicotrópica, diría yo, del derecho. Una vergüenza”, fustigó Jabornicky, empleando chicanas por el caso del diputado detenido por pedofilia Germán Kiczka –que formó parte de Juntos por el Cambio–.
Estas declaraciones de Jabornicky también hacen alusión al revés judicial que sufrió el diputado del PRO, Miguel Núñez –justamente ante el juez Lijo– en su denuncia por la presunta corrupción con los bioherbicidas “truchos” –no aprobados por el SENASA– que habrían sido comprados por el ministerio del Agro, echando mano al Fondo Especial del Tabaco, a la empresa Agro Sustentable.
Cabe recordar que Agro Sustentable SA está presidida por el CEO Joaquín Basanta, que es socio comercial de Ramiro Rovira, el hijo del principal impulsor de la ley de bioinsumos que prohíbe el uso del glifosato en Misiones. Basanta y Rovira (hijo) son socios en la marca “Incertidumbre” según consta en el Boletín de Marcas N° 10.564 que data del 20 de diciembre del 2023.
