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El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una serie de medidas de prueba en la investigación que tiene como protagonista a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su desempeño como funcionario del CEAMSE.
La decisión se produjo luego de que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones determinara que el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, quedara al frente del expediente. Según fuentes judiciales, el fiscal busca reconstruir la evolución patrimonial y financiera de Tapia desde 2016 hasta la actualidad y determinar si existió un incremento patrimonial “apreciable” que no pueda ser justificado por sus ingresos.
Entre las principales medidas solicitadas se encuentra el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del titular de la AFA. También se requirió el acceso a sus declaraciones juradas correspondientes al período bajo investigación.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Guillermo Tofoni, quien sostuvo que Tapia habría registrado un incremento patrimonial que, a su criterio, no estaría explicado por los ingresos declarados durante los años en los que integró la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), entre 2016 y 2025.
Las diferencias señaladas en la denuncia
De acuerdo con la presentación de Tofoni, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades, con un valor fiscal total cercano a los $17 millones, además de un vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones, unos US$ 43.000 al tipo de cambio de aquel momento.
Dos años después, según la denuncia, aparecieron nuevos bienes en sus declaraciones juradas, entre ellos una casa de 315 metros cuadrados en San Isidro, un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito, una propiedad de 280 metros cuadrados en Ingeniero Maschwitz y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana.
El denunciante también puso el foco en la declaración patrimonial de 2024, en la que Tapia habría informado más de $1.002 millones depositados en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$ 246.206 en una caja de ahorro, valuados al tipo de cambio oficial.
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Según la presentación, en la declaración del año siguiente la situación habría mostrado una modificación sustancial, con “cero pesos” declarados en efectivo y en depósitos bancarios, además de la incorporación de vehículos y siete propiedades.
Tofoni cuestionó particularmente la situación de dos inmuebles ubicados en San Juan, cuyos valores fiscales, según sostuvo, habrían disminuido en lugar de actualizarse y que además habrían pasado de ser considerados bienes propios a integrar el conjunto ganancial.
La denuncia sostiene que la evolución patrimonial no se correspondería con los ingresos declarados y plantea la posibilidad de que existan bienes que no hayan sido informados.
