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El borrador de la reforma educativa que el Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo reabre un debate de fondo: quién es, en la práctica, el principal responsable de garantizar el derecho a la educación. Bajo el paraguas de la llamada “Libertad Educativa”, el texto prioriza el rol de las familias, habilita el homeschooling, crea consejos de padres con poder de decisión sobre la vida interna de las escuelas y relega al Estado a un papel claramente “subsidiario”.
Expertos y docentes advierten que, lejos de democratizar el sistema, estas medidas pueden profundizar las desigualdades y fragmentar aún más la educación en Argentina.
El proyecto –cuyo contenido fue adelantado por Infobae y que el propio Gobierno insiste en presentar como “borrador”– se inscribe en la misma línea de las iniciativas que el Poder Ejecutivo intentó impulsar desde el inicio de la gestión, como la primera versión de la Ley Bases elaborada por Federico Sturzenegger. Aquel texto ya incluía la oficialización del homeschooling y la publicación de resultados educativos por escuela, hoy limitada por la Ley de Educación Nacional (LEN).
Aunque no se explicitó oficialmente la autoría del documento, la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano había informado el año pasado que trabajaba junto con el Ministerio de Desregulación en una nueva ley educativa. Sturzenegger llegó a asegurar en una entrevista que estaban preparando “una de las reformas en educación más importantes de los últimos 50 años”. La norma apunta a la educación obligatoria –nivel inicial, primario y secundario–, un ámbito que, en los hechos, depende de las provincias.
Desde el arranque, el borrador exhibe una elección política clara: entre los “principios” que organizan el sistema, menciona primero la “libertad educativa”, entendida como libertad de enseñar y aprender “conforme a las propias convicciones”, y recién después el “rol preferente de la familia” y la “subsidiariedad del Estado”. La escuela casi desaparece del lenguaje: a lo largo de sus 136 artículos se habla de “instituciones de educación básica” más que de escuelas, como si se buscara desdibujar la noción histórica de la escuela como espacio público, común y regulado.
La familia en el centro y el Estado en la periferia
“El agente natural y primario de la educación es la familia”, afirma el artículo 1 del proyecto de Libertad Educativa. La frase no es nueva: está también en el artículo 6 de la LEN, sancionada en 2006 y aún vigente. La diferencia no está en la letra, sino en el sentido político que se le da.
Mientras la Ley de Educación Nacional combina esa centralidad de la familia con un rol fuerte del Estado como garante del derecho a la educación, la propuesta libertaria invierte el eje: los padres son presentados como los principales responsables, y el Estado queda definido como un actor “subsidiario” que interviene solo cuando las familias o las instituciones no pueden “por sí mismas” garantizar ese derecho.
En esa lógica se inscribe el capítulo sobre “formas alternativas de enseñanza”, que habilita explícitamente la educación en el hogar o homeschooling, una práctica con mayor tradición en Estados Unidos que en Argentina. Hoy esa posibilidad existe de modo acotado a través de exámenes libres en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde el nuevo Reglamento Escolar endureció los requisitos: domicilio en CABA, pedido de “permiso de examen” y acreditación de la “excepcionalidad” del caso.
Si la versión actual de la ley se aprobara –algo que muchos consideran poco probable en el corto plazo–, la mayoría de los especialistas coincide en que el homeschooling seguiría siendo una opción minoritaria. “La gran mayoría de las familias no están en condiciones de enseñar a sus hijos, ya sea por limitaciones de su propia educación o por falta de tiempo y capacidades. Esta modalidad no puede ser en ningún caso una solución estructural para el sistema educativo, sino una opción muy marginal para algunos casos excepcionales”, señala Cecilia Veleda, doctora en Sociología y exdirectora del Instituto Nacional de Formación Docente.
La experiencia de la pandemia fue una especie de experimento masivo en este sentido: millones de hogares tuvieron que asumir tareas de enseñanza sin recursos, sin formación pedagógica y, en muchos casos, sin conectividad. Lejos de demostrar que cualquiera puede reemplazar a la escuela, la educación remota evidenció cuánto dependen los aprendizajes del trabajo docente y de condiciones institucionales que no se improvisan.
Financiamiento “compartido” y riesgo de fragmentación
El borrador profundiza su enfoque al definir una “responsabilidad compartida” por el financiamiento educativo entre Estado nacional, provincias, familias y sociedad civil. En la letra parece razonable; en la práctica, especialistas temen que funcione como una vía elegante para justificar un retroceso estatal.
El texto indica que el Estado debe intervenir “de manera complementaria, apoyando a las instituciones educativas y actores sociales cuando estos no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación”. La pregunta es qué ocurre en un país con niveles altísimos de pobreza y desigualdad cuando se le pide a las familias que sean cofinanciadoras de un derecho básico.
El proyecto contempla, además de la asignación de recursos a escuelas estatales y privadas –las actuales subvenciones–, la entrega directa de fondos a familias y estudiantes: becas, vales educativos (vouchers) y créditos fiscales son algunas de las opciones mencionadas. Este giro hacia la financiación “a la demanda” se presenta como ampliación de la libertad de elección, pero puede tener como efecto colateral una mayor segmentación del sistema, donde las familias con más capital económico y cultural puedan aprovechar mejor esas herramientas y “elegir” escuelas con mejores recursos, mientras el resto queda confinado a ofertas empobrecidas.
En el artículo 8 se reconoce el derecho de las familias a elegir “las instituciones o proyectos educativos acordes a sus convicciones” y se establece que estudiantes y padres tienen derecho a conocer sus resultados en pruebas nacionales. Para eso, el Estado nacional podrá difundir información desagregada por escuela –sin identificación de alumnos ni docentes–, algo que hoy prohíbe el artículo 97 de la LEN. La medida se respalda en la promesa de transparencia, pero abre la puerta a rankings escolares que, sin contemplar el contexto social, suelen estigmatizar a las instituciones de sectores más vulnerables.
El “consejo de padres”: participación o cogobierno sin docentes
Otro de los puntos más sensibles del proyecto es la creación de los “consejos escolares de padres” en cada institución educativa. A diferencia de la LEN, que promueve la participación de las familias de manera más general, aquí se les otorga un poder concreto sobre la vida interna de la escuela.
Según el borrador, estos consejos de padres podrán incidir en el nombramiento del director, en la contratación y remoción de docentes y en la elaboración de reglamentos internos en las escuelas estatales. Es decir, pasarían a ser un actor formal con capacidad para condicionar decisiones pedagógicas, laborales e institucionales, en un terreno donde hasta ahora pesaban sobre todo los equipos directivos, los docentes, los estatutos y las normativas provinciales.
Los defensores del esquema lo presentan como un modo de “empoderar” a los padres y acercarlos a la gestión escolar. Sus críticos marcan varios riesgos: desde la posible injerencia de grupos minoritarios muy activos que impongan su agenda moral o ideológica al conjunto, hasta la desprofesionalización del gobierno escolar y la presión directa sobre los docentes que sostienen posiciones pedagógicas o políticas incómodas.
La educación deja entonces de ser un espacio regulado por criterios pedagógicos, estatales y colectivos, para quedar cada vez más a merced de correlaciones de fuerzas locales, del poder económico de algunas familias o de grupos organizados capaces de disputar el control de los consejos.
Desigualdad, conflicto y una reforma sin debate público
En un país atravesado por desigualdades estructurales, la apuesta a colocar a las familias en el centro del sistema, con un Estado corrido a un segundo plano, corre el riesgo de ampliar brechas ya graves. Las familias con más tiempo, más estudios, más recursos y más información podrán intervenir, presionar, elegir y negociar; las familias que sobreviven con trabajos precarios, jornadas extensas y poca escolarización quedarán, en los hechos, fuera de ese juego.
La relación entre familias y escuelas, además, ya llega deteriorada: años de crisis económica, aulas superpobladas, salarios docentes en caída y un clima social polarizado vienen erosionando el vínculo. En ese contexto, trasladar más responsabilidades y expectativas a las familias sin fortalecer al mismo tiempo al Estado y al sistema escolar puede terminar generando más frustración y conflicto, no más participación democrática.
A esto se suma una paradoja política no menor: el proyecto –que propone una regulación minuciosa sobre el sistema educativo y el rol de cada actor– fue elaborado, según admiten diversas fuentes, casi en secreto y sin una instancia amplia de consulta con la comunidad educativa ni con la sociedad civil. En nombre de la “libertad”, la iniciativa avanza con un método que se parece más a la imposición que al diálogo.
¿Libertad para quién?
La pregunta de fondo, entonces, no es solo qué rol deben tener las familias en la escuela –algo que nadie discute como relevante–, sino qué tipo de Estado y de sistema educativo se está construyendo con este giro. ¿Se amplían realmente las libertades y opciones para todos, o se consolida un modelo donde la libertad plena queda reservada a quienes ya tienen más recursos y capital cultural?
La disputa alrededor de la llamada “Libertad Educativa” no es solo técnica ni jurídica: es profundamente política. De cómo se responda a estas preguntas dependerá si la reforma que se discute en el Consejo de Mayo se convierte en una oportunidad para fortalecer el derecho a la educación o en un nuevo capítulo de fragmentación y desigualdad en las aulas argentinas.
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