Miguel Calvete, vicepresidente de la Confederación de Comercios y Servicios de Argentina (CCSA), advirtió en diálogo con Radio Up sobre un nuevo ajuste de precios en las góndolas que no se condice con los costos reales. “Varios comercios aumentaron un 12% los precios de sus productos, pero esto no debería ser así”, afirmó.
Según Calvete, los grandes productores de alimentos agrupados en la COPAL trasladaron el impacto de la devaluación del dólar oficial directamente a las listas de precios. “La mayoría tiene estructuras de costos a un dólar de entre 1.500 y 1.700 pesos, pero no todos los insumos son en dólares. El salario no aumentó un 12% y muchos insumos no lo hicieron tampoco”, remarcó.
El dirigente aseguró que algunas listas llegaron con aumentos del “11% al 14%”, lo que genera una “distorsión total” de precios. En este contexto, reveló que detrás del conflicto hay una guerra comercial entre la COPAL y la ASU (Asociación de Supermercados Unidos), que agrupa a las grandes cadenas.
“El 71% de las importaciones de alimentos están en manos de las grandes cadenas y distribuidores”, dijo, y planteó una alerta: “Si van a importar, que cumplan con todos los parámetros de calidad que se nos exigen a nosotros. Hay un uso laxo de los controles”.

Calvete consideró que las pequeñas y medianas empresas pueden encontrar una oportunidad ante los rechazos de las listas infladas, al posicionar segundas marcas o productos alternativos. Sin embargo, advirtió que “el consumidor es el convidado de piedra” en esta disputa de poder: “No siempre se trasladan los beneficios. A veces se perjudica a la industria nacional y se beneficia al comercializador, no al cliente”.
Sobre el rol del Estado, Calvete fue contundente: “En los productos esenciales como alimentos y medicamentos, hasta las economías más liberales monitorean. En Estados Unidos o Países Bajos funciona la Ley de Defensa de la Competencia. Nosotros tenemos que hacer lo mismo”.
Por último, apuntó contra posiciones dominantes dentro del mercado interno. “En Mendoza, los enlatadores pagan por la hojalata nacional un 20% más que el precio internacional. Algunos evalúan importar desde China o Ucrania, porque resulta más barato”, dijo. Y cerró: “El desafío es para el Estado, que debe controlar costos y evitar abusos”.
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