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El surinamés Johan Bodji (52), conocido como el “rey de las mulas narco”, aceptó este lunes una condena de 11 años de prisión como organizador y financista de una banda transnacional dedicada al tráfico de drogas hacia Europa mediante jóvenes vulnerables utilizados como transportistas.
El acuerdo de juicio abreviado fue ratificado durante una audiencia realizada por videoconferencia ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, desde el módulo de internos de “alto riesgo” del Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.
“Estoy arrepentido, cometí un error como cualquier ser humano”, expresó Bodji durante la audiencia, en la que admitió su responsabilidad por los hechos atribuidos y prestó conformidad para recibir la pena acordada.
El acusado, que también habría utilizado la identidad de Dominique Harry Rayngs, fue señalado como responsable de organizar y financiar maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes bajo la modalidad de comercio, agravado por la intervención de tres o más personas, además de delitos vinculados con falsificación de documentos públicos y desobediencia.
“Quiero estudiar y trabajar”
Más allá de aceptar la pena, Bodji aprovechó la audiencia para plantear las condiciones de detención que atraviesa en Ezeiza.
El hombre reclamó atención médica por una lesión en el codo y un problema de visión, pero además solicitó abandonar el régimen de internos de “alto riesgo”, al que cuestionó por las restricciones que implica.
“Es una tortura psicológica este lugar. Yo quiero estudiar y trabajar como cualquier preso, pero acá no puedo hacerlo. Acá estoy encerrado 20 horas al día”, sostuvo.
Según explicó, las condiciones de seguridad del módulo también le dificultan mantener el contacto con su familia. En particular, señaló que no puede recibir la visita de sus hijos ni comunicarse mediante videollamadas con su madre, quien está próxima a cumplir 81 años.
Cuatro acusados acordaron penas
Además de Bodji, otros tres imputados resolvieron evitar el juicio oral mediante acuerdos abreviados.
Jorge Antonio Sandoval (47) aceptó una pena de 8 años de prisión como autor del delito de tráfico de estupefacientes agravado y contrabando de drogas con fines de comercialización. Sin embargo, debido a una condena anterior, la pena deberá unificarse y alcanzará los 9 años de cárcel.
También acordaron penas la chaqueña Karen Aldana Guzmán (27) y la misionera Carla Luján Grondona (22). Guzmán aceptó 6 años y 6 meses de prisión, mientras que Grondona acordó una pena de 4 años, que en principio continuaría bajo modalidad domiciliaria.
Los acuerdos deberán ser ahora analizados y homologados por el tribunal integrado por Gustavo Fabián Cardozo, Ruth María Ponce de León y Enrique Bosch, este último en carácter de subrogante, para que se transformen en sentencias formales.
Un acusado se arrepintió del abreviado
El caso de Crainer Odyllie Abauna (37) tuvo un desenlace diferente. El ciudadano surinamés había manifestado inicialmente su intención de acordar una pena de 7 años de prisión, pero durante la audiencia cambió de postura.
Abauna reclamó como condición para aceptar el acuerdo su expulsión del país. Sin embargo, esa decisión corresponde a la autoridad migratoria y no al tribunal, por lo que el acuerdo finalmente quedó sin efecto.
De esta manera, deberá afrontar el juicio oral junto con la peruana Jackeline Polo Carlo (41) y el bonaerense Ricardo Francisco Bruno (62), conocido como “el farmacéutico”.
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La causa irá a juicio oral
Bruno es el único de los acusados que continúa el proceso de manera presencial ante el TOF de Posadas. La acusación lo ubica como coautor de Bodji en las maniobras de narcotráfico.
Entre sus antecedentes figura una condena por comercialización de medicamentos falsificados y otra como partícipe secundario en el homicidio de Miriam Alencar Da Silva, una joven brasileña que murió en 2017 luego de no poder expulsar 66 de las 94 cápsulas de éxtasis que había ingerido para transportar droga.
De acuerdo con la acusación, Bodji era el principal organizador de la estructura y Bruno su mano derecha, mientras que Sandoval, Polo Carlo y Abauna cumplían distintas funciones relacionadas con la logística, coordinación y seguimiento de las personas utilizadas como “mulas”.
En ese esquema también aparecían Guzmán y Grondona. La misionera habría cumplido tareas de apoyo logístico en Bernardo de Irigoyen, localidad fronteriza utilizada como punto de paso dentro de la ruta que llevaba la droga hacia Europa.
La investigación sostiene que los cargamentos tenían como destino ciudades como Lisboa, Madrid y París, mientras que como contraprestación la organización recibía drogas sintéticas.
El futuro debate oral contará con una acusación conjunta del fiscal del TOF Pablo Ricardo Di Loreto y del fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), Martín Uriona.
La apertura formal del juicio no se concretó durante la audiencia de este lunes. El próximo paso está previsto para el 28 de septiembre, cuando los tres acusados que rechazaron el abreviado deberán afrontar formalmente el proceso y tendrán la posibilidad de brindar su versión de los hechos.
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