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La abogada Cynthia Benzion analizó en “Arriba la Radio”, por Radio Up, hasta dónde puede avanzar el Gobierno nacional con una reforma laboral, luego del intento fallido del DNU 70/2023.
“El gobierno intentó mediante el DNU 70 del año 23 hacer una reforma integral de casi 100 leyes, entre ellas la Ley de Contrato de Trabajo, la de asociaciones sindicales y la regulación sobre huelga. Pero la Justicia laboral dijo: ‘Señor, usted no puede implementar todo esto por decreto porque está contrariando la Constitución Nacional’, y eso es un límite”, explicó.
Benzion recordó que la decisión judicial surgió a partir de una acción de amparo impulsada por la CGT, y que reafirmó el rol del Poder Judicial como garante del equilibrio republicano. “Vivimos en un sistema de tres poderes, con una ley suprema que es la Constitución. Ningún presidente puede violarla, y los jueces así lo reconocieron”, sostuvo en Radio Up.
Una ley “regresiva” que ya genera fallos en contra
La ex presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas advirtió que parte de aquella agenda fue luego incluida en la Ley Bases 27.742, sancionada por el Congreso en 2024. Benzion dijo: “La ley bases ya implementó una normativa laboral muy regresiva que muchos entendemos contraria a la Constitución Nacional. De hecho, ya empiezan a salir fallos judiciales que dicen: esta ley va en contra del artículo 14 bis, que establece los derechos de las personas que trabajan”
Para Benzion, el escenario actual refleja un “juego de poder” entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial, condicionado por el clima político. “A veces el Congreso toma una posición cercana al gobierno y otras veces se enfrenta; los jueces también están atravesados por ese contexto.”
Fondo de cese laboral: “Habilita el despido libre”
Consultada sobre la posibilidad de modificar el sistema de indemnizaciones, Benzion explicó que la Ley Bases ya habilitó un mecanismo alternativo: el fondo de cese laboral, negociado por convenio colectivo. “Desde que entró en vigencia, ningún gremio lo implementó porque es sumamente perjudicial para los trabajadores. Lo que habilita es el despido libre”, advirtió la especialista en derecho laboral.
La letrada ejemplificó que si un empleador tiene un trabajador con 15 años de antigüedad, el sistema actual le impone un costo de un mes de sueldo por año trabajado. Con el fondo, ese límite desaparece: “El empleador dispondría de un fondo acumulado y simplemente despediría. Se perdería el efecto disuasivo que tiene la indemnización por despido.”
Además, advirtió que el nuevo esquema también genera un costo adicional para las empresas, que deberían aportar mensualmente a ese fondo.
El mito de la “industria del juicio”
Benzion rechazó el discurso que atribuye al régimen laboral actual una supuesta “industria del juicio”. “No se llega a una sentencia condenatoria si no hubo antes un incumplimiento de la ley por parte del empleador. Hablar de industria del juicio degrada el valor de la ley laboral”, indicó.
Para la abogada, ese concepto busca justificar una flexibilización que traslada el costo de la desregulación al trabajador. “El Estado no puede violar la Constitución ni los tratados internacionales haciendo que los trabajadores asuman los costos. Eso sería ilegal.”
Empleo y desregulación: “No hay correlación”
La integrante de la AAyAL apuntó contra el argumento oficial que asocia mayor flexibilización con más empleo: “Si uno lee la historia de las relaciones laborales en Argentina, se ve exactamente lo contrario: el empleo crece cuando hay actividad económica, cuando hay inversiones, no cuando se flexibilizan las normas.”
Citó un ejemplo reciente: “Cuando se derogaron las multas por trabajo no registrado y se invitó a regularizar, solo se blanqueó un 0,3% del empleo. Seguimos con casi un 50% de trabajadores no registrados.”
“No es solo una cuestión de costos, es un proyecto político”
Benzion sostuvo que el objetivo de fondo de la reforma laboral no es económico sino disciplinador. “Reducir las posibilidades de huelga o flexibilizar derechos tiene un impacto de atemorizar. Si sé que no tengo derechos, haré todo lo que el empleador me diga", sostuvo.
Y añadió: “Esto no es nuevo. Es el mismo proyecto económico y laboral que vimos durante la dictadura cívico-militar: concentración del capital sin límites legales.”
Finalmente, cuestionó la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado: “Es una paradoja absoluta. Crear un Ministerio de Desregulación es casi una autocontradicción. Es quitarle protección al eslabón más débil de la cadena social: los trabajadores.”
