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En medio de un clima político marcado por negociaciones contrarreloj, el Gobierno nacional atraviesa la última semana de conversaciones informales con la oposición para intentar asegurar la aprobación de la reforma laboral durante las próximas sesiones extraordinarias del Congreso, en un escenario atravesado por tensiones fiscales, disputas políticas y un fuerte rechazo sindical. El proyecto, impulsado por La Libertad Avanza y elaborado a partir de los lineamientos del Consejo de Mayo, acumula respaldos parciales pero también resistencias clave, en especial por el impacto fiscal que tendría sobre las provincias a partir de cambios en el impuesto a las Ganancias.
El Ejecutivo dispone de apenas siete días antes del inicio formal del período extraordinario para cerrar acuerdos políticos que le permitan avanzar con una iniciativa que originalmente estaba prevista para diciembre del año pasado. Sin embargo, la presión de la CGT, que había anunciado un paro con movilización para el día en que iba a debatirse la medida, sumada a una estrategia legislativa más cautelosa del oficialismo, terminó postergando su tratamiento.
Bullrich busca acelerar la sanción de la reforma laboral en el Senado
En ese contexto, la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, resolvió suspender la votación y priorizar la sanción del Presupuesto 2026 y de la denominada ley de Inocencia Fiscal. No obstante, antes de avanzar con esas normas, logró que la reforma laboral obtuviera dictamen, una jugada clave que permitirá acelerar los tiempos parlamentarios una vez que se retome la discusión en febrero.
Con la mira puesta en una sesión que podría convocarse durante la segunda semana del próximo mes, Bullrich busca reunir los apoyos necesarios en la Cámara alta. Para ese objetivo, durante el receso legislativo impulsó la conformación de una comisión técnica encabezada por la abogada Josefina Tajes, que en los últimos días recibió a representantes de distintos sectores políticos, sociales y sindicales para recoger observaciones y propuestas de modificación.
El despacho de la senadora recibió cerca de dos mil pedidos de audiencia, una cifra que refleja la magnitud del debate y la sensibilidad que genera la reforma en distintos ámbitos.
Ganancias, el principal foco de conflicto con las provincias
Paralelamente, el ministro del Interior, Diego Santilli, retomó sus recorridas por el interior del país con el objetivo de dialogar con gobernadores y consolidar respaldos políticos, una tarea clave para destrabar el tratamiento parlamentario de la iniciativa. Si bien logró el apoyo público de varios mandatarios provinciales, otros expresaron reparos, especialmente en relación con el impacto fiscal de algunos artículos.
Un ejemplo de esas críticas se dio en la previa de la primera noche del Festival de Cosquín, donde los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora, se mostraron juntos y cuestionaron la mirada centralista del Ejecutivo nacional. “Nosotros creemos en el trabajo, creemos en la producción y eso es lo que vamos a defender. Si desde el Gobierno nacional se mirara más a este interior que se esfuerza todos los días, a la Argentina le iría mejor”, sostuvo Pullaro.
El principal foco de tensión con las provincias se encuentra en el artículo de la reforma laboral que propone una reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, un punto sensible por su impacto directo en la coparticipación federal y en las cuentas públicas provinciales. Dado que este tributo es coparticipable, varios gobernadores advirtieron que la medida afectaría directamente los ingresos provinciales. En concreto, para los tramos 2 y 3 del impuesto se plantea bajar las alícuotas del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, respectivamente, lo que generó reclamos para que se revea la iniciativa o se establezcan mecanismos de compensación.
A esto se suman las objeciones de algunos sectores políticos y económicos a otros cambios incluidos en el proyecto, como la aceleración en los plazos de devolución del IVA y la implementación de beneficios tributarios orientados a fomentar la formalización del empleo, que despiertan dudas sobre su impacto fiscal y operativo.
Reunión clave en Casa Rosada y estrategia legislativa
Con este escenario, este lunes volverá a reunirse en la Casa Rosada la mesa política del Gobierno para realizar un análisis integral de la situación y definir la estrategia legislativa que se desplegará durante las sesiones extraordinarias, consideradas determinantes para el futuro del proyecto. Del encuentro participarán, además de Santilli y Bullrich, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo.
La reunión está prevista para la mañana, ya que por la tarde varios de los funcionarios viajarán a Mar del Plata para acompañar al presidente Javier Milei en una recorrida por el centro de la ciudad. La actividad tendrá un tono de agradecimiento por el apoyo recibido en las últimas elecciones, aunque también se inscribe en una estrategia política con proyección hacia 2027.
El lunes de la semana próxima comenzará formalmente en el Congreso el período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo, lo que dará inicio a una etapa de negociaciones más intensas entre diputados y senadores.
Rechazo sindical y advertencias de la CGT
Mientras tanto, el frente sindical sigue en estado de alerta, con advertencias públicas y reuniones entre dirigentes gremiales que anticipan un escenario de conflictividad social si la reforma avanza sin modificaciones sustanciales. Días atrás, los secretarios generales de ATE, Rodolfo Aguiar, y de la UOM, Abel Furlán, mantuvieron una reunión en la que coincidieron en que no esperarán al debate parlamentario para avanzar con medidas de fuerza. “Estamos frente a un proyecto que directamente tiene por finalidad eliminar los sindicatos y construir un nuevo ordenamiento jurídico en el que no existan los derechos individuales y colectivos”, advirtió Aguiar.
La CGT, por su parte, ya expresó su rechazo a varios puntos de la reforma laboral, entre ellos la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) destinado al pago de indemnizaciones por despido, la eliminación de la obligatoriedad de que las empresas actúen como agentes de retención de aportes y las modificaciones previstas en los convenios colectivos de trabajo, aspectos que la central obrera considera un retroceso en materia de derechos laborales. En ese marco, el desenlace de la reforma se perfila como uno de los debates políticos y sociales más relevantes del inicio del año legislativo.
Cumbre en Cosquín: Llaryora y Pullaro critican reforma laboral https://t.co/vWwvKKlDTT
— Radio Up 95.5 (@radioup955) January 25, 2026
