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El Gobierno nacional dispuso el otorgamiento de una suma fija extraordinaria de 40 mil pesos destinada al personal de las fuerzas federales de seguridad, según se estableció en el Decreto 216/2026, publicado en el Boletín Oficial. La medida, de carácter excepcional y no remunerativo, se abonará junto a los haberes correspondientes a abril de 2026 y alcanza a efectivos en actividad de distintos organismos bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional.
La decisión se formalizó a través del decreto firmado por el Poder Ejecutivo, en el marco de una política orientada a recomponer el poder adquisitivo del personal de seguridad. La disposición también se conoció en un contexto de tensión interna y ante la posibilidad de reclamos salariales por parte de sectores de las fuerzas, lo que otorga a la medida una dimensión preventiva además de económica.
Alcance de la medida y fuerzas comprendidas
El decreto establece que la suma fija será percibida por única vez por el personal en actividad de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.
También incluye a los alumnos en formación de algunas de estas instituciones, ampliando el universo de beneficiarios. La asignación tiene carácter no remunerativo y no bonificable, lo que implica que no se incorporará al salario básico ni impactará en adicionales, antigüedad o futuros cálculos previsionales.
Diferenciación por jerarquías y adicionales
Además del pago general de $40.000, el decreto contempla una segunda suma fija adicional, cuyos montos varían según el grado y jerarquía del personal, detallados en un anexo específico de la norma. Este componente busca sostener la estructura escalonada de ingresos dentro de las fuerzas, manteniendo criterios de jerarquización en función de responsabilidades y funciones.
De este modo, la política combina un refuerzo uniforme para todos los efectivos con un esquema diferenciado que atiende las particularidades de cada rango.
Argumentos oficiales y marco normativo
En los considerandos, el Ejecutivo fundamenta la medida en la necesidad de “reconocer y mantener una adecuada jerarquización” del personal, al tiempo que busca mejorar su capacidad adquisitiva frente al contexto económico actual.
El decreto se apoya en un conjunto de normas vigentes, entre ellas la Ley 11.672 (Ley Complementaria Permanente de Presupuesto), la Ley 18.398 (Prefectura Naval Argentina), la Ley 21.965 (Policía Federal Argentina) y la Ley 26.102 (Seguridad Aeroportuaria), además de decretos previos que regulan el funcionamiento y escalafón de las fuerzas.
Asimismo, se señala que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público intervino en el análisis de la medida, garantizando su encuadre dentro de las políticas salariales del Estado.
Impacto fiscal y aplicación
El gasto derivado de esta decisión será cubierto con partidas asignadas al Ministerio de Seguridad Nacional, conforme lo estipula el artículo 4 del decreto. La normativa entró en vigencia el mismo día de su dictado, por lo que su implementación es inmediata.
Contexto y lectura política
Aunque el texto oficial no lo explicita, la medida se produce en un escenario marcado por el malestar en algunos sectores de las fuerzas de seguridad ante la evolución de los salarios frente a la inflación. En ese sentido, el otorgamiento de esta suma fija puede interpretarse como una herramienta para descomprimir tensiones y evitar posibles medidas de protesta.
Al mismo tiempo, el carácter no remunerativo del bono refleja una estrategia habitual del Gobierno para otorgar alivio inmediato sin comprometer incrementos estructurales en la masa salarial.
Una medida excepcional en un escenario complejo
El Decreto 216/2026 configura así una respuesta puntual del Ejecutivo ante demandas latentes en las fuerzas federales, combinando un reconocimiento económico directo con criterios de jerarquización interna. Su impacto real dependerá tanto de la evolución de los ingresos frente al costo de vida como de la continuidad —o no— de políticas salariales de mayor alcance en el sector.
El INYM rechazó fijar un precio de referencia para la hoja verde y crece la incertidumbre en el sector yerbaterohttps://t.co/vGuNDwZjwl pic.twitter.com/12765Ja0RU
— Radio Up 95.5 (@radioup955) March 31, 2026
