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La industria pyme argentina atraviesa un escenario de creciente incertidumbre y preocupación. Un informe elaborado por el Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) proyectó que, de mantenerse las actuales condiciones económicas, durante 2026 podrían perderse hasta 500.000 puestos de trabajo formales y cerrar cerca de 40.000 pequeñas y medianas empresas en todo el país.
El relevamiento describe una situación crítica para el entramado productivo nacional y advierte sobre una creciente desconexión entre algunos indicadores macroeconómicos positivos y la realidad que enfrentan las empresas que generan empleo y producción.
Mientras sectores vinculados a las inversiones financieras y actividades extractivas muestran señales de crecimiento, las pymes continúan afectadas por la caída del consumo, la pérdida de rentabilidad, el encarecimiento del financiamiento y los problemas en las cadenas de pago.
Un deterioro que ya muestra cifras preocupantes
Según los datos difundidos por IPA, desde diciembre de 2023 ya se registró el cierre de aproximadamente 25.000 empresas en Argentina. Solo durante febrero se contabilizaron 10.200 bajas, una cifra que encendió las alarmas en el sector industrial.
El coordinador del Observatorio IPA, Federico Vacarezza, sostuvo que la situación dejó de responder a una coyuntura pasajera.
“El deterioro del empleo formal y del entramado productivo ya no responde a un ajuste transitorio. Empieza a adquirir características estructurales”, afirmó.
El informe también señala que existen al menos 13 ramas industriales en situación crítica, mientras que la actividad manufacturera acumula una fuerte pérdida de puestos laborales y establecimientos productivos.
Más de 77.000 empleos industriales menos
Los datos relevados muestran que la industria ya perdió más de 77.000 empleos y registró el cierre definitivo de 3.100 fábricas.
Además, la contracción laboral alcanza a buena parte de la economía nacional. De los 948 subsectores productivos analizados, un total de 554 redujeron su cantidad de trabajadores registrados.
Entre los sectores más afectados aparece la construcción, que perdió 81.295 empleos, seguida por la industria manufacturera con 76.556 puestos menos, el transporte y almacenamiento con una reducción de 61.107 trabajadores, y las actividades profesionales, científicas y técnicas, que registraron una caída de 25.449 empleos.
En contraste, los únicos rubros que muestran crecimiento son algunas actividades relacionadas con la salud, el desarrollo de software y el sector agropecuario. Sin embargo, el volumen de empleo generado resulta insuficiente para compensar las pérdidas registradas en el resto de la economía.
Vacarezza remarcó que ciertas mejoras observadas en algunos indicadores productivos no se traducen en una recuperación efectiva del empleo ni alcanzan al universo pyme.
Impulsan una ley de emergencia pyme
Frente a este panorama, Industriales Pymes Argentinos impulsa en el Congreso un proyecto de emergencia pyme con vigencia de un año.
La iniciativa busca aliviar la presión financiera y tributaria que enfrentan las empresas mediante una serie de medidas destinadas a preservar el empleo y evitar cierres definitivos.
El presidente de IPA, Daniel Rosato, explicó que la entidad decidió trasladar sus reclamos al ámbito legislativo ante la falta de respuestas del Gobierno nacional.
“Nuestra intención no es confrontar políticamente, sino frenar una sangría de embargos ejecutivos y quiebras”, aseguró.
Entre las principales preocupaciones del sector figuran el incremento de las importaciones, las dificultades para acceder al crédito, las elevadas tasas de interés y la caída sostenida de las ventas.
Rosato advirtió además que numerosas pymes proveedoras de grandes compañías atraviesan una situación delicada que podría terminar afectando el funcionamiento de importantes cadenas productivas.
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Crecen los concursos preventivos
Otro de los indicadores que genera preocupación es el aumento de los concursos preventivos de acreedores.
Mientras que durante 2023 se registraron 82 expedientes en la Ciudad de Buenos Aires, la cifra ascendió a 190 durante 2025. En tanto, entre febrero y abril de 2026 ya se contabilizaron 92 nuevos procesos judiciales.
Desde IPA señalaron que este mecanismo se convirtió en muchos casos en la última herramienta disponible para evitar la quiebra y sostener la continuidad de las empresas.
Por ese motivo, el proyecto de emergencia propone extender automáticamente por 180 días la suspensión de embargos y remates para aquellas firmas que hayan iniciado un concurso preventivo.
La presión fiscal, otro foco de conflicto
Los industriales también cuestionan la carga tributaria y los mecanismos de cobro aplicados por el Estado.
Según sostienen, mientras grandes inversiones reciben beneficios fiscales a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), las pequeñas y medianas empresas enfrentan intimaciones y exigencias de regularización con plazos reducidos que profundizan sus problemas financieros.
Desde el sector advirtieron que el cierre de una pyme implica mucho más que la pérdida de puestos de trabajo.
Afirman que cada empresa que desaparece representa también la pérdida de conocimiento, infraestructura y capacidad productiva acumulada durante años, recursos que difícilmente puedan recuperarse en el corto plazo y que resultan fundamentales para el desarrollo económico del país.
