Tras un pedido de la oposición, el intendente Koth envió un informe económico que da cuenta de los ingresos y egresos en las arcas municipales que se dieron en el mes de junio. La medida fue solicitada “para que todos los vecinos conozcan en general, en que gasta el dinero nuestro Municipio”, señaló el edil que impulsó la medida.
Según reveló el concejal de Puerto Rico, Cristian Irschick (Juntos por el Cambio), en las últimas horas el alcalde Carlos Koth envió un informe económico sobre las finanzas municipales correspondientes al mes de junio, tras un pedido formulado por el bloque opositor en el Concejo Deliberante local.
“Este es el Informe Económico que desde nuestro bloque solicitamos al Ejecutivo, para que todos los vecinos conozcan en general, en que gasta el dinero nuestro Municipio. Este es de junio. En el artículo 2 solicitamos que el mismo se incorpore al Boletín Oficial, para que mes a mes tengamos esta importante información”, destacó Irschik en las redes sociales.
El concejal difundió el informe que da cuenta de los ingresos y egresos de la comuna, que, de acuerdo con la información oficial, culminó con un superávit de unos $78 millones. De acuerdo con el detalle, el municipio tuvo ingresos por $121 millones, de los cuales, se destacan lo recaudado por Coparticipación ($86 millones) y Tasas Municipales ($14 millones)
En cuanto a los egresos del municipio, fueron $107 millones, de los cuales, los mayores montos fueron los de sueldos ($46 millones), contratación de servicios ($26 millones) y compras ($19 millones). Además, por obras públicas de contratistas, se gastaron casi $6,5 millones y en asistencia social, otros $3,4 millones.
La difusión de esta información viene a cumplir con los reclamos de transparencia en la gestión pública que diversos concejales vienen formulando en numerosos municipios en Misiones. De hecho, la actitud de Koth frente a los pedidos de la oposición, constituye la excepción y no la regla: casi la totalidad de los intendentes se niegan a cumplir con la difusión de balances fiscales, menos aún, si son mensuales.
Vale recordar que en Argentina y en Misiones, está en vigencia la Ley IV Nº 58, de acceso a la información pública.
Dicha norma, sancionada en 2012, dispone en su artículo 1 que “el acceso a la información pública es el derecho de participación ciudadana por el cual toda persona física o jurídica, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, solicita y recibe información completa, adecuada, oportuna y veraz de cualquier órgano perteneciente a la administración centralizada, descentralizada, órganos de la Constitución Provincial, entes autárquicos, empresas y cooperativas que presten servicios públicos y sus entes reguladores, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta, sociedades del Estado y aquellas organizaciones empresariales donde la Provincia tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o que reciban subsidios del Estado Provincial, Poder Legislativo y Poder Judicial”.
Además, el artículo 4 define los principios de la ley y menciona: “publicidad de los actos de gobierno; transparencia de la función pública y control del ciudadano en el manejo y ejecución de los recursos públicos y actos de la administración pública; gratuidad e igualdad; libertad de formas; y sencillez y celeridad de procedimiento”.
Sin embargo, muchos municipios no adhirieron a esa ley provincial o directamente, no la cumplen.
Por otra parte, vale subrayar que la Ley IV Nº 58, se sancionó luego del escándalo suscitado en Candelaria, cuando el ex concejal Jorge Peña –un hombre que respondía al alcalde Carlos Flores– golpeó al empresario de medios Daniel Luna (en plena sesión del Concejo Deliberante) cuando este le leía normativa vigente, que habilitaba la presencia de los medios de prensa en las sesiones del Concejo Deliberante. Pese al repudio colectivo al “concejal inadaptado”, Flores consiguió que no lo destituyan y de hecho, Peña culminó su mandato. Pero tiempo después el oficialismo se vio obligado a sancionar la ley de Acceso a la Información Pública.
