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El Gobierno nacional resolvió prorrogar por dos años la emergencia pública en materia ferroviaria, extendiendo así el régimen excepcional que rige desde 2024 para el sistema de trenes de pasajeros y cargas bajo jurisdicción nacional. La decisión fue formalizada a través de la Resolución 12/2026, publicada en el Boletín Oficial.
La declaración original había sido dispuesta en junio de 2024 por un plazo de 24 meses. Antes de que venciera el período previsto para mediados de 2026, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía hizo uso de la facultad contemplada en la normativa para extender la emergencia por un plazo idéntico, con el objetivo de garantizar la continuidad de los planes de recuperación en marcha.
Según se desprendió del texto oficial, la prórroga se fundamentó en la persistencia de las condiciones estructurales que dieron origen a la medida y en la necesidad de sostener los programas destinados a revertir el deterioro del sistema ferroviario nacional.
Entre los antecedentes citados figura el diagnóstico elaborado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que durante 2023 había detectado un deterioro generalizado en la infraestructura, el material rodante, la planificación de inversiones y la sostenibilidad presupuestaria. De acuerdo con ese relevamiento, los niveles de servicio se encontraban por debajo de los estándares esperados.
La emergencia fue instrumentada inicialmente mediante el Decreto 525/2024, que habilitó al Poder Ejecutivo o a la autoridad de aplicación a extender el régimen por única vez y por el mismo plazo. En paralelo, también se dictó el Decreto 526/2024, en el marco del paquete de medidas orientadas a reorganizar el sector.
Desde la cartera que conduce Fernando Herrmann señalaron que las herramientas previstas en el régimen excepcional resultaban “instrumentos imprescindibles” para la gestión, el ordenamiento y la recuperación del sistema ferroviario, y que su continuidad permitiría avanzar con las acciones ya iniciadas.
En ese sentido, el Gobierno calificó la prórroga como “una medida oportuna y razonable”, orientada a garantizar previsibilidad, seguridad jurídica y continuidad institucional en la ejecución del Plan de Acción diseñado para modernizar la infraestructura y los servicios ferroviarios.
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La declaración original de la emergencia se produjo tras el choque de trenes ocurrido a mediados de 2024 en la línea San Martín, en el barrio porteño de Palermo. En aquel momento, desde la Casa Rosada habían reconocido la necesidad de intervenir con urgencia ante el estado del sistema y señalaron que la iniciativa también respondía a planteos de los gremios del sector.
El régimen excepcional permitió reasignar partidas presupuestarias y agilizar contrataciones y obras consideradas críticas. Entre los casos recientes se destacó la interrupción total del servicio del tren Sarmiento durante un fin de semana y su funcionamiento limitado en los días posteriores, debido a trabajos de modernización.
A través de un comunicado oficial, Trenes Argentinos informó que las tareas incluyeron el tendido de cables troncales para un nuevo sistema de señalización y la migración de los circuitos de vía a tecnología más moderna en el tramo comprendido entre Haedo y Castelar, con el objetivo de mejorar la seguridad operativa y la prestación del servicio en uno de los principales corredores del área metropolitana.
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