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El diputado provincial Cristian Castro expresó su preocupación por la situación de numerosos trabajadores estatales cuyos salarios quedan prácticamente absorbidos por descuentos derivados de préstamos, tarjetas y créditos otorgados por mutuales y entidades financieras.
Según explicó en diálogo con Radio Up, el problema afecta a empleados activos y jubilados de los tres poderes del Estado provincial y se relaciona con los denominados códigos de descuento, mecanismos que permiten descontar automáticamente cuotas de créditos desde los haberes.
“Los empleados públicos provinciales, tanto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, activos y pasivos, tienen lo que se llaman códigos de descuento”, señaló.
Castro apuntó especialmente contra algunas mutuales que, según afirmó, funcionan como entidades crediticias por fuera de las regulaciones que alcanzan al sistema bancario tradicional.
“Son mutuales que hacen una actividad social, pero lo que terminan haciendo es actuando como financieras por fuera del sistema financiero”, sostuvo.
Descuentos que absorben la totalidad del salario
El legislador aseguró que existen numerosos casos en los que los descuentos terminan consumiendo la totalidad de los haberes. Como ejemplo, relató la situación de una docente que consultó por una supuesta liquidación incorrecta.
“Empiezo a revisar y le liquidaron bien. Lo que pasa es que estas mutuales le descontaban el 100% y cobró cinco pesos”, relató.
Según explicó, la situación se agravó cuando la entidad bancaria debitó posteriormente otros compromisos pendientes: “Le acreditaron el aguinaldo, pero inmediatamente le debitaron lo que no pudieron debitarle a principio de mes y ella no cobró aguinaldo”, indicó.
Para Castro, estos casos evidencian una problemática estructural que requiere una respuesta urgente.
Tasas de interés bajo cuestionamiento
Otro de los puntos señalados por el diputado fue el nivel de los intereses que enfrentan quienes acceden a este tipo de financiamiento.
“El interés de estas mutuales es del 141%, mientras que el interés del Banco Macro es del 90%. Ya es altísimo el 90%”, remarcó.
Además, comparó esos porcentajes con la evolución reciente de los salarios y la inflación. “Cuando la inflación interanual es de un 30% y los sueldos crecieron a un 20%, eso es lo que vengo advirtiendo”, agregó.
Frente a este escenario, Castro explicó que presentó un proyecto para garantizar que los trabajadores conserven al menos una parte de sus ingresos, aunque aseguró que la iniciativa no avanzó.
“Yo presenté un proyecto para que mínimamente les quede un salario mínimo vital y móvil, pero quedó cajoneado”, manifestó.
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Ante esa situación, realizó un pedido público al gobernador para que intervenga directamente en el problema. No obstante, aclaró que no propone eliminar las obligaciones asumidas por los trabajadores.
“No estoy diciendo que el Estado deba hacerse cargo de privatizar la deuda de la gente”, señaló.
“Que el Estado se haga cargo, que cancele esas deudas, que deje de permitir los códigos de descuento y que el empleado le pague al Estado en cuotas accesibles, a una tasa de interés razonable, no esta tasa usuraria del 141%”, sostuvo.
Reclamo por el incumplimiento de los límites vigentes
Por otra parte, Castro recordó que existen normas que establecen límites para los descuentos sobre los salarios, pero consideró que en la práctica no se cumplen.
“La ley de contrato de trabajo permite que se descuente hasta el 20% del sueldo por un embargo. La normativa del Banco Central establece un 30% y después la provincia autorizó hasta un 39%. Y no se cumple nada de eso”, afirmó.
Según dijo, la situación se repite en distintos sectores del empleo público: “Puedo mostrar cientos de casos de docentes, policías y empleados de salud pública a los que entre mutuales, créditos y el banco les descuentan el 100% del sueldo”, aseguró.
Denuncias y reclamos
Castro también mencionó casos de personas que, según indicó, habrían sido víctimas de maniobras irregulares vinculadas a la obtención de créditos.
“Le mandan un mensaje de texto, la primera vez te hacen firmar un contrato y después con un simple mensaje de texto te sacan un crédito sin ningún resguardo”, cuestionó.
Asimismo, relató la situación de tres trabajadoras de Jardín América que recurrieron a la vía judicial tras denunciar haber sido perjudicadas. Más allá de esos casos particulares, insistió en que la discusión central pasa por las condiciones de endeudamiento.
“La gente sacó el crédito, tiene que pagar el crédito, tiene que honrar esa deuda. Pero los intereses que se les está cobrando y la usura que se hace con esto es tremenda”, expresó.
Y concluyó: “El Estado no puede ser garante de los usurarios. El Estado tiene que estar del lado de los trabajadores”.
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