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La oposición política en Argentina reclamó en las últimas horas que Manuel Adorni, recientemente renunciante como jefe de Gabinete, también deje su puesto como representante del Estado en el directorio de YPF, tras su salida del Ejecutivo nacional en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El planteo surge en Buenos Aires, Argentina, este fin de semana, y apunta a que el ex funcionario ya no tendría justificación institucional para continuar en la petrolera estatal, una empresa clave del sector energético. La controversia se profundiza debido a su designación previa como representante estatal y a la continuidad de su remuneración, estimada en alrededor de 15.000 dólares mensuales.
El eje del reclamo se instaló luego de que Adorni formalizara su renuncia al cargo de jefe de Gabinete, en un contexto atravesado por el avance de una causa judicial en la que se lo investiga por presuntas irregularidades vinculadas a su patrimonio. Para distintos sectores opositores, la dimisión en el Poder Ejecutivo debería extenderse automáticamente a su permanencia en el directorio de la compañía de mayoría estatal, donde ocupa una silla en representación del Estado.
En ese marco, una de las principales críticas se centra en el aspecto económico del cargo. La continuidad de Adorni en YPF volvió a generar cuestionamientos por la percepción de ingresos elevados, en un escenario donde su salida del Gobierno reactivó el debate público sobre incompatibilidades y responsabilidades institucionales.
El diputado nacional Esteban Paulón fue uno de los dirigentes que endureció la postura contra el ex funcionario. En declaraciones públicas, calificó como inadecuado que continúe en el directorio de la petrolera mientras enfrenta una investigación judicial por presuntas dádivas, negociaciones incompatibles con la función pública y enriquecimiento ilícito.
“Funcionario que está investigado por presunto enriquecimiento ilícito, dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública que se quede en una silla de YPF ganando millones de pesos por mes es un insulto a la ciudadanía argentina”, expresó el legislador, al cuestionar la situación.
Paulón también advirtió sobre el impacto político de mantener a Adorni en ese espacio de decisión dentro de una empresa estratégica como YPF, al sostener que podría interpretarse como una señal de protección política frente a cuestionamientos judiciales. En esa línea, señaló que sostenerlo en el cargo implicaría reforzar prácticas asociadas a privilegios en la administración pública.
El caso reabre el debate sobre la integración de directorios estatales en empresas de alto valor estratégico y la permanencia de funcionarios en esos espacios tras su salida del Poder Ejecutivo, en un contexto de creciente tensión política y judicial.
