//
La reducción de la pobreza por ingresos registrada en Argentina durante el último año convive con un escenario de crecientes dificultades sociales en áreas clave como el empleo, la salud y la alimentación. Así lo señala un reciente informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA), que advierte sobre la persistencia de problemas estructurales que no quedan reflejados en los indicadores monetarios.
Según el estudio titulado “Mayores privaciones sociales en una Argentina con menor pobreza monetaria”, entre 2024 y 2025 la pobreza medida por ingresos descendió del 36% al 26,4% de los hogares. Sin embargo, en ese mismo período aumentó la proporción de familias que enfrentan al menos una carencia social no monetaria, pasando del 65,6% al 67,3%.
El trabajo analiza el bienestar desde una perspectiva multidimensional, incorporando variables relacionadas con derechos económicos y sociales básicos. En ese marco, los mayores niveles de deterioro se observan en el acceso al empleo de calidad y a la protección social. De acuerdo con los datos relevados, el 33,1% de los hogares presenta déficits vinculados al mercado laboral y la seguridad social, una cifra superior al 26,7% registrado en 2017.
Otro de los aspectos que preocupa a los investigadores es el acceso a la salud. El informe muestra que las dificultades para acceder a recursos sanitarios alcanzan al 34,3% de los hogares. A esto se suma el crecimiento de la privación alimentaria, que llegó al 18,7%, evidenciando que una parte importante de la población continúa enfrentando problemas para garantizar una alimentación adecuada.
Los especialistas sostienen que los indicadores multidimensionales permiten identificar situaciones de vulnerabilidad que permanecen ocultas detrás de los datos de ingresos. En este sentido, remarcan que cada vez son más los hogares que lograron salir estadísticamente de la pobreza monetaria, pero continúan padeciendo carencias esenciales.
La investigación señala que el grupo de familias que no son consideradas pobres por ingresos, aunque presentan déficits sociales, aumentó significativamente en el último año analizado. Mientras en 2024 representaban el 33,3% de los hogares, en 2025 alcanzaron el 42,9%.
Desde la UCA advierten que esta situación refleja una creciente fragmentación del mercado laboral, junto con una pérdida de acceso a recursos fundamentales para garantizar condiciones de vida adecuadas. Por ello, sostienen que la recuperación de la capacidad de compra de los salarios, si bien resulta positiva, no alcanza por sí sola para resolver las deudas sociales acumuladas.
El informe concluye que la mejora observada en los niveles de pobreza monetaria no se traduce automáticamente en un mayor cumplimiento de los derechos sociales ni en una mejora integral del bienestar. En consecuencia, plantea la necesidad de abordar políticas públicas que atiendan de manera simultánea tanto los ingresos de los hogares como las privaciones estructurales que afectan a millones de argentinos.
