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El Gobierno de Misiones expresó una postura crítica frente al proyecto de reforma de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657) impulsado por Nación, al considerar que implicaría un retroceso en el enfoque actual y dificultades para su aplicación en las provincias.
Así lo manifestó el director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública provincial, Nicolás Aranda, quien remarcó que la iniciativa presenta dos puntos centrales de preocupación: por un lado, la concentración de decisiones en el médico psiquiatra, especialmente en lo referido a internaciones involuntarias; y por otro, la posible quita de financiamiento nacional para programas y dispositivos en salud mental.
“Es un retroceso y muy difícil de aplicar en los términos en los que se plantea”, sostuvo Aranda, al tiempo que advirtió que el proyecto desconoce la realidad de las provincias, donde existe un déficit significativo de profesionales especializados. Según detalló, en todo el país hay alrededor de 3.900 psiquiatras para más de 40 millones de habitantes, y menos de 500 en el área infanto-juvenil.
Críticas al modelo propuesto
Desde Misiones también se cuestionó la intención de volver a centralizar las decisiones en la figura del psiquiatra, dejando de lado el trabajo de los equipos interdisciplinarios que actualmente intervienen en la evaluación de pacientes.
Aranda defendió el modelo vigente, que contempla la participación de distintos profesionales, y remarcó que las internaciones involuntarias ya están contempladas en la ley actual, pero bajo criterios que buscan evitar abusos o institucionalizaciones prolongadas.
En ese sentido, advirtió que una flexibilización podría derivar en internaciones innecesarias o prolongadas, recordando experiencias pasadas donde personas permanecían años en hospitales psiquiátricos sin posibilidad de reinserción.
Preocupación por el financiamiento
Otro de los puntos que genera mayor rechazo es la modificación del esquema de financiamiento. Desde la provincia señalaron que la reforma implicaría la eliminación del aporte nacional en áreas clave, lo que afectaría programas como residencias profesionales y provisión de medicamentos.
“Lo que necesitamos es garantizar financiamiento y no recortarlo”, enfatizó Aranda, al mencionar la importancia de políticas como el programa Remediar para asegurar el acceso a tratamientos.
Falta de consenso y próximos pasos
El funcionario también cuestionó la falta de instancias de consulta previas con las provincias, al señalar que el proyecto no fue debatido en el Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA), ámbito específico para este tipo de discusiones.
En paralelo, distintos sectores vinculados a la salud mental en Misiones comenzaron a organizarse para debatir la iniciativa y emitir posicionamientos formales, incluyendo posibles reuniones con legisladores nacionales.
Mientras tanto, se espera una reunión virtual con autoridades nacionales para continuar el análisis del proyecto, aunque desde la provincia ya anticipan que no acompañarán la reforma en los términos actuales.
