El diputado provincial del PRO, que fue sancionado anoche con el oficialismo apelando a un reglamento interno de la Cámara de Representantes, interpretado de forma amañada para amedrentar a opositores, aseguró que no se va a callar en sus denuncias por presunta corrupción con el dinero del FET y el presunto negociado que benefició a Agro Sustentable SA con los bioherbicidas truchos. Y también apuntó contra la justicia, tras el archivo de la causa por parte del cuestionado juez Ariel Lijo. “La justicia no tiene mucha intención en aclarar nada, principalmente cuando se tocan acciones de los políticos, y si ellos se avanzan tienen que meter preso alguno”, disparó.
Este jueves, el oficialismo renovador por mayoría, sancionó en la Legislatura de Misiones al diputado provincial Miguel Núñez (PRO) por supuesta “conducta indigna y desleal”, porque el representante impulsó una denuncia por presunta malversación del Fondo Especial del Tabaco en el marco de la escandalosa distribución de cientos de miles de litros de “bioherbicidas truchos” –no aprobados por el Senasa– que produce la empresa Agro Sustentable SA, cuyo CEO, Joaquín Basanta es socio comercial de Ramiro Rovira –el hijo del diputado provincial y presidente de la Renovación Carlos Rovira.
En diálogo con Rx – Realidad Mixta, el programa que se emite por Radio Up 95.5 y www.radioup.com.ar, Núñez aclaró que no tiene mucha experiencia en la Cámara de Representantes – es su primer cargo en la Legislatura – pero entiende que el oficialismo renovador, tomó el artículo 131 del reglamento interno, que prohíbe a los diputados, dar nombres propios en acusaciones en el cuerpo deliberativo, bajo ningún en ninguna circunstancia. “Pero leyendo el artículo 131, dice que en el recinto es así, pero no afuera”, comentó el diputado, sobre la interpretación posiblemente amañada del oficialismo para aplicarle una sanción.
Para Núñez es inadmisible que “en una en una causa federal que no pueda nombrar (a funcionarios sospechados) ¿Somos intocables los diputados? ¿Nadie les puede decir nada, nadie puede escribir nada? No somos de otro planeta. Yo creo que es otro error de la política pensando que nadie nos puede decir nada. Pero sabemos que el gobierno de la provincia es muy particular con los opositores”, advirtió Núñez contra las maniobras de persecución política que, para muchos, son una constante en Misiones.
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Repreguntado por el revés judicial que sufrió en el Juzgado Criminal y Correccional Federal n.º 4, ubicado en Comodoro Py 2002 (CABA), donde el cuestionado juez Ariel Lijo decidió archivar la causa N° 3235/24 iniciada por la presunta malversación del Fondo Especial del Tabaco vinculada a los bioherbicidas truchos de AgroSustentable SA, Núñez se mostró calmo y recalcó que la causa no está cerrada.
“Lo tomamos exactamente como algo que está en la justicia, que está inmóvil, que no tiene mucha intención en aclarar nada, principalmente cuando se tocan acciones de los políticos, donde la corrupción está asegurada. Y ellos (por el juez Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita) si avanzan tienen que meter preso alguno, porque es así nomás”, fundamentó Núñez, en tono crítico hacia el juez que el presidente Javier Milei propone para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Esto es lo que sucedió en la provincia de Misiones, que es parte de un esquema nacional donde los negociados están en todos los actos del gobierno. Así que, bueno, la justicia no quiere problemas, entonces trata de hacer la vista gorda, mirar para un costado”, lanzó Núñez, al tiempo que aclaró que en la Legislatura de Misiones, sólo se leyó la primera parte del dictamen de Lijo y Pollicita y no el dictamen completo “donde queda abierto a que se pueda seguir investigando”,
De todas formas, Núñez se mostró más bien pesimista sobre el accionar del fiscal, de quien esperaba que salga a investigar, en lugar de exigirle al denunciante, que produzca las pruebas en la causa penal. Y como “dato anecdótico” Núñez reveló que cuando se reunió con la secretaria del fiscal, esta le dijo que usaban el buscador de Google para las investigaciones.
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Asimismo, Núñez planteó que hubo un manejo poco claro de la información de la causa, porque él terminó entrándose por los medios de la decisión de Lijo, mientras que en el gobierno de la provincia, la parte demandada, ya tenían todos los datos de la resolución de Lijo. “Nunca se comunicaron, ni nunca me avisaron la resolución que habían tomado. Digamos, yo me enteré por los medios provinciales de lo que había pasado, al mismo momento que sacaron en Buenos Aires, los medios de comunicación lo tenían acá ese jueves (10 de octubre, la resolución se firmó el 9 del corriente)”, subrayó el diputado del PRO.
“Cuando empezó a circular la versión, los medios ya lo tenían antes que yo, así me parece muy particular todo, muy rebuscado para no decir particular”, añadió Núñez sobre una posible parcialidad del juzgado de Lijo en beneficio de la provincia, cuyos senadores deben analizar y votar el pliego del juez señalado como “el más corrupto de Comodoro Py”. Por otra parte, Núñez aclaró que la causa por la presunta malversación de unos 3 mil millones de pesos que se habrían utilizados para comprar bioherbicidas truchos (en realidad son insecticidas y acaricidas que no se pueden emplear como herbicidas), No está definitivamente cerrada. “Eso no es definitivo. Vamos a tratar de ver cuál es la mejor opción. El delito, a mi forma de ver, existe. Pero tiene su tiempo”, se lamentó Núñez.
En un tramo saliente de la entrevista, Núñez aseguró que no se va a callar pese a las amenazas de expulsión de la Cámara de Representantes, algo que el oficialismo podría concretar con una segunda sanción, empleando cualquier excusa o interpretando tendenciosamente el reglamento interno.
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“Estas son las cosas que dejan mal a la política- ¿Desde cuándo no se pueden denunciar hechos de corrupción? ¿Hay que callarse la boca? ¿No hay que decir nada? Me quieren me quieren adoctrinar, quieren que me siente en un sillón en la Cámara de Diputados y haga número. No, conmigo no. No va a pasar eso. Y si me tienen que echar de la Cámara de Diputados, que me echen, que me saquen el lugar. No tengo ningún problema, pero callarme la boca, nunca”, aseveró el diputado, señalando que ante una nueva sanción, lo pueden suspender, expulsar o aplicarle una sanción económica.
Pero ante “cualquiera de las tres” sanciones, “las voy a asumir, porque lo que estoy exponiendo es la realidad. Y si me dieron la oportunidad de Superman ahí no es para, vuelvo a repetir, para quedarme callado”, aseguró.
Por último, Núñez cuestionó que el presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, no haya cumplido con las normas de la Cámara y dejara del lugar de la presidencia para opinar sobre su accionar, para justificar la sanción. “El presidente no puede dar su opinión, él preside la Cámara de Diputados. Si quería argumentar algo, tenía que bajarse de ahí, que asuma otro a la presidencia, (Herrera Ahuad) sentarse en el banquillo de los diputados y expresar lo que dijo”, sostuvo el diputado macrista.
“Ha actuado por impulso porque estaba muy nervioso por la situación que está viviendo con el decreto 486 que él (firmó) a pedido de un particular”, lanzó Núñez, un tanto enigmático, aunque con una clara referencia a la implicación directa del actual presidente de la Legislatura en la causa por la presunta corrupción con los bioherbicidas truchos.
Es que, cuando Herrera Ahuad era gobernador, más precisamente, el 19 de abril del 2023, firmó este controvertido decreto (el 486/23) por el cual ordena a los ministerios de Salud Pública, del Agro y de Ecología a que “lleven adelante todas las acciones y emitan los actos administrativos correspondientes en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de evaluar y de corresponder, aprobar lo solicitado por la empresa Agro Sustentable SA (es decir, la firma presidida por Joaquín Basanta, un particular)” para que se apruebe “como herbicida de contacto y herbicida total pos emergente” el producto “Esten 80-Bioherb”.
La referencia de Núñez al decreto 486/23 de Herrera Ahuad, es filosa: ninguno de los ministerios mencionados en el instrumento legal tiene la potestad de aprobar ningún producto como herbicida –esa función compete únicamente al Senasa, que ya aclaró oficialmente que el proceso de aprobación de un herbicida no toma menos de 10 años–. De hecho, Ecología no tiene siquiera la capacidad operativa para hacer este tipo de pruebas.
Sin embargo, y sospechosamente en beneficio de la empresa del socio comercial de Ramiro Rovira (en la marca “Incertidumbre” según el Boletín Oficial de Marcas N° 10564) dos días después de firmado el decreto 486/23, la provincia aprobó el empleo de “Esten 80-Bioherb” como herbicida, cuando según el Senasa, este producto está registrado como insecticida, acaricida y fitorregulador. Es decir no es ni puede ser un herbicida, a menos que pasen 10 años de pruebas.
