En diálogo con “La Última Rosca” de Radio Up 95.5, la funcionaria de la Magistratura de la Nación, Jimena De La Torre, criticó duramente la recientemente aprobada “Ley Mordaza” en la provincia de Misiones. Desde su perspectiva, esta normativa no solo pone en riesgo la libertad de expresión, sino que también establece precedentes alarmantes para la persecución de quienes piensan diferente.
De La Torre, quien además es miembro de la agrupación “Abogados en Acción”, fue categórica en señalar que esta ley es un “Caballo de Troya”. “Es propia de los gobiernos populistas”, afirmó, aludiendo a las potenciales implicancias de la norma, que bajo el pretexto de crear una fiscalía especializada en ciberdelitos, podría tener fines ocultos de control político.
La funcionaria explicó que, inicialmente, la propuesta parecía loable. “¿Quién va a estar en contra de una unidad integrada por expertos en tecnología, analítica de datos y penalistas para perseguir este tipo de crímenes?”, cuestionó, en relación a la creación de la nueva fiscalía.
Sin embargo, al analizar más a fondo, De La Torre encontró varios elementos preocupantes, como facultades otorgadas a fiscales que exceden lo habitual. “Pueden incautar bienes sin necesidad de una autorización judicial ante la mera sospecha de delitos como calumnias e injurias”, dijo, resaltando que estos son delitos de instancia privada.
Una de las figuras que más alarmó a De La Torre fue la del agente encubierto, una figura que ya existe en otros países. “El problema no es tanto la figura en sí, sino qué va a hacer ese agente encubierto en este contexto. ¿Va a buscar potenciales ofensores del oficialismo? ¿Les va a incautar los celulares o las computadoras para que no puedan expresarse?”, reflexionó, subrayando que este tipo de facultades despiertan dudas sobre el respeto a las libertades civiles en la provincia.
Desde “Abogados en Acción”, un grupo federal con más de 500 miembros en todo el país, ya se están tomando medidas para impugnar la ley. “Estamos analizando las diferentes vías para plantear la inconstitucionalidad de la norma aprobada ayer en la legislatura”, afirmó De La Torre.
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Sin embargo, advirtió que no sería en la justicia provincial, ya que esta “nos ha demostrado en varias ocasiones no brindarnos ningún tipo de seguridad”, por lo que la acción será elevada a la justicia federal.
Para De la Torre, la situación es especialmente delicada debido a las posibles designaciones dentro de la nueva fiscalía. “Entendemos que es altamente probable que el Gobierno quiera designar a algún funcionario de confianza en ese rol de fiscal, y eso es algo que también va a haber que estar atentos en el proceso de designación”, alertó.
Finalmente, De La Torre dejó en claro que si bien las fiscalías especializadas en ciberdelitos son necesarias, esta ley en particular no es el camino correcto. “No tengo dudas de que tenemos varios artículos de la ley que son inconstitucionales. No así la ley completa”, aclaró.
A pesar de su crítica, reconoció la importancia de contar con equipos especializados en delitos complejos, pero advirtió: “No con este caballo de Troya que vemos a lo largo de la norma”. El efecto contagio, advirtió, es una preocupación latente: “El riesgo es para los misioneros hoy, pero mañana esto podría replicarse en otras provincias si no se frena a tiempo”.
