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En medio de la creciente preocupación por la informalidad laboral en Argentina y el avance de los proyectos de reforma laboral y educativa, la secretaria general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y miembro del Triunvirato de la CGT Misiones, Mirta Chemes, analizó en Radio Up el contenido del anteproyecto libertario que ya circula en los ámbitos gremiales y educativos. Su diagnóstico fue contundente: “No amerita debate. Es inviable. Atenta contra derechos adquiridos, ensancha desigualdades y privatiza la educación”.
Chemes confirmó que UDA fue el primer gremio nacional en recibir el borrador de la denominada Ley de Educación Libertaria. Desde la Secretaría de Política Educativa del sindicato se elaboró un extenso análisis federal con aportes de las 24 jurisdicciones, que ya fue elevado a la conducción nacional para su tratamiento en reuniones oficiales con el Ministerio de Educación.
Según la dirigente, el resultado del estudio fue alarmante: “Sea por donde lo mires, atenta contra los derechos ya adquiridos de los trabajadores. Y ensancha las desigualdades: el que más dinero tenga, mejor educación tendrá”.
“Es un giro de 180 grados y el Estado deja de ser garante”
Uno de los puntos más críticos señalados por Chemes es la privatización total de la educación. Explicó que el anteproyecto desplaza al Estado de su rol constitucional de garante del sistema educativo y habilita a grupos de padres, ONG o entidades privadas a crear, administrar y financiar escuelas, con una autonomía absoluta. “El Estado se corre y, en el mejor de los casos, subsidiará. Pero la definición de la currícula, del personal docente y hasta de los directores quedará en manos de los grupos propietarios de esas escuelas. Es descabellado”, advirtió.
La propuesta contempla que esas entidades podrán designar y remover docentes sin ninguna garantía laboral: “No hay indemnización, no hay estabilidad, no hay protección. Hoy no les gustó la cara del docente y lo echan. Es así de grave”, señaló.
Desaparición de leyes y retrocesos inminentes
El análisis técnico de UDA reveló que el anteproyecto elimina o modifica normas centrales del sistema educativo argentino. Entre ellas, Chemes destacó:
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Derogación de la Ley de Educación Técnica.
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Desconocimiento de la Educación Especial.
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Eliminación de la Ley de Financiamiento Educativo, que obliga al Estado a invertir el 6% del PBI.
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Supresión de la paritaria nacional docente, ámbito en el que se fijan políticas federales, formación docente y condiciones laborales.
“Se sacan de encima la educación. El mensaje es: ‘Si querés educación para tus hijos, organizate y gestioná’. El Estado solo va a mirar desde arriba”, sostuvo.
Educación como servicio esencial y riesgo sobre el derecho a huelga
Otro punto crítico es la reinstalación del concepto de educación como servicio esencial, ya declarado inconstitucional en instancias judiciales previas. “El servicio esencial se aplica cuando la vida está en riesgo. Lo que buscan es limitar el derecho a huelga. Ya lo rechazó la Justicia porque atenta contra derechos constitucionales”, explicó Chemes.
Para la dirigente, desconocer la posibilidad de medidas de fuerza es ignorar la raíz del conflicto: “Si hay acción directa es porque el Estado patrón no cumple. Los docentes hoy tienen salarios de indigencia”.
Impacto en alumnos y familias: “Tampoco hay garantías para ellos”
La advertencia no se limita al personal docente. Chemes alertó sobre el impacto que la privatización tendría para estudiantes y familias. “Si la escuela no es negocio, la entidad privada la cierra. No hay estabilidad ni para docentes ni para alumnos. Si un grupo de padres no consigue recursos, esa escuela desaparece y el Estado no garantiza nada”, subrayó.
Para Chemes, el planteo libertario implica una ruptura profunda del modelo federal: “Nos olvidamos del sistema educativo nacional para plantear algo totalmente distinto. Es un giro de 180 grados”.
Rechazo nacional y llamado al debate
UDA ya presentó su análisis ante las máximas autoridades del gremio y se sumó al rechazo expresado por otras entidades como CEPERA. La postura es unánime: rechazo total al anteproyecto, aunque con voluntad de participar en mesas técnicas dentro del marco institucional de la paritaria nacional, si esta no se elimina. “La educación debe revisarse, claro que sí. Los cambios del mundo lo exigen. Pero debe hacerse desde el consenso, no imponiendo un modelo que está destinado al fracaso”, sostuvo.
“Los padres tienen que analizar lo que implica este modelo”
Chemes remarcó la importancia del involucramiento social en el debate: “Los padres dicen que la educación está mal y que los chicos no aprenden. ¿Y cuál es el rol del padre? Esto requiere un amplio análisis social. No todo es culpa de la escuela pública o de los docentes”.
La dirigente adelantó que UDA continuará difundiendo el análisis completo y sostendrá una postura de resistencia gremial: “Vamos a defender los derechos de la educación pública. Nos debemos al debate, no a la imposición”.
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