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La red vial argentina atraviesa un momento alarmante. Según la Federación del Personal de Vialidad Nacional, entre el 65% y el 70% de las rutas se encuentra en estado regular o malo, una situación que obliga a intervenir de manera urgente en tres de cada cuatro kilómetros que componen el sistema nacional.
Fabián Catanzaro, secretario gremial del organismo, advirtió sobre un escenario de “parálisis y vaciamiento” dentro de Vialidad Nacional, consecuencia directa de la política de “obra pública cero”. Aunque se evitó la disolución del ente, aseguró que el debilitamiento continúa y que la infraestructura vial se encuentra en una verdadera emergencia estructural.
El dirigente también cuestionó con dureza el nuevo esquema de concesiones impulsado por el Gobierno, al que calificó como un modelo que beneficia a empresas privadas sin riesgos reales. Denunció que estas firmas, pese a ser presentadas como inversores privados, acceden a financiamiento subvencionado del Estado a través del Banco BICE con una tasa preferencial del 2%, lo que convertiría el sistema en un negocio financiero más que en una solución para las rutas.
Según Catanzaro, bajo estas condiciones, empresas que operan corredores clave como la Ruta 12 y la Ruta 14, conocidas como la “ruta del Mercosur”, apenas realizarían tareas mínimas como bacheo o repavimentaciones esporádicas durante dos décadas, sin mejoras estructurales reales.
En paralelo, la situación laboral dentro del organismo también se agravó. El gremio denunció una congelación salarial total por un año, junto a la implementación de un protocolo disciplinario que limita el derecho de defensa, lo que derivó en la reducción de casi el 20% del personal, entre renuncias, jubilaciones y despidos, configurando una dinámica considerada “expulsiva”.
El impacto del abandono no solo pone en riesgo la transitabilidad actual, sino que también compromete el futuro financiero del Estado. “Cuando no se invierte en mantenimiento, luego rehabilitar cuesta entre tres y cinco veces más caro”, alertó el dirigente, quien también recordó que existe una obligación legal de mantener la infraestructura, lo que ya generó múltiples amparos judiciales en distintas provincias.
Entre las rutas más comprometidas se mencionaron la 151 en La Pampa, la Ruta 3 al sur de Bahía Blanca, la 23, la 9 y la 34 en el NOA, y las Rutas 7 y 8 fuera del conurbano bonaerense, todas con niveles críticos de deterioro.
