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En pleno debate legislativo por la reforma de la Ley de Glaciares, el abogado especialista en derecho ambiental Leonardo Villafañe encendió las alarmas desde dos frentes: el jurídico y el científico. Según explicó, la modificación en discusión no implicaría un simple ajuste técnico, sino una reinterpretación profunda del sistema de “presupuestos mínimos de protección ambiental” previsto en la Constitución Nacional.
“Las alarmas se encienden desde dos puntos de vista”, sostuvo. Desde el plano jurídico, indicó que la propuesta impulsa lo que sus promotores denominan “la cláusula de un nuevo federalismo ambiental”, que reconfiguraría la relación entre Nación y provincias respecto del dominio originario de los recursos naturales.
Villafañe explicó que el esquema vigente de presupuestos mínimos “prevé una tutela jurídica y judicial uniforme en todo el país”, lo que implica que ninguna provincia puede proteger por debajo de ese piso común, aunque sí puede establecer estándares más exigentes. Con la reforma, en cambio, “las provincias van a definir cuáles son esos pisos de acuerdo a sus estándares propios”.
La alarma científica: las áreas periglaciales
El segundo foco de preocupación se vincula con la posibilidad de desafectar áreas periglaciales que algunas provincias no consideren estratégicas para el recurso hídrico. “La ley prevé la desafectación de áreas periglaciales sobre todo”, señaló.
Allí aparece el componente científico del debate. No se trata únicamente de la existencia del agua, sino del mantenimiento del caudal. “Estamos hablando de una cordillera donde no hay muchos glaciares hiperglaciales y normalmente son los que nutren a los ríos en zonas áridas en época de hielo. Son reservas de agua dulce que no hay mucho”, advirtió.
En ese sentido, consideró que la reforma “abre como una puerta” a un nuevo sistema en el que cada provincia establezca sus propios estándares. “Cuando vos abrís una puerta pasa por ahí todo lo que pueda pasar”, graficó, y alertó que el resultado podría ir desde una explotación racional y sustentable hasta, si se gestiona mal, una degradación de los recursos.
Un debate que excede a la cordillera
Consultado sobre el impacto en provincias alejadas de la cordillera, como Misiones, Villafañe subrayó que el sistema ambiental debe entenderse de manera integral. “Tenemos que entender al clima, al globo, al sistema como eso, como un sistema, donde todas las partes son importantes”, afirmó.
Advirtió que la falta de agua en una región puede generar migraciones, destrucción de industrias y desequilibrios sociales en otros territorios. Desde el punto de vista jurídico, sostuvo que una revisión de los presupuestos mínimos habilitaría a cada provincia a rediseñar sus estándares ambientales.
En el caso de Misiones, ejemplificó que podrían revisarse políticas vinculadas al ordenamiento territorial de bosques, al paisaje e incluso —en un escenario extremo— aspectos institucionales como el régimen de áreas protegidas. “Si estamos en un proceso de revisión, todo puede estar sometido al escrutinio nuevamente”, sostuvo.
Posibles cuestionamientos judiciales
Ante la consulta sobre eventuales planteos de inconstitucionalidad, el especialista fue categórico: “Sin duda. Estoy casi seguro que va a haber cuestionamientos judiciales”.
Particularmente, mencionó el principio de no regresión en materia de derechos humanos, aplicable al derecho ambiental, y recordó que este principio se encuentra incorporado en el Acuerdo de Escazú, vigente en Argentina desde 2022. Una eventual reducción en los niveles de protección podría ser interpretada como regresiva.
No obstante, aclaró que cualquier impugnación deberá demostrar concretamente la afectación y no basarse en meras hipótesis.
Rediseño provincial y límites federales
En caso de aprobarse la ley, las provincias deberían rediseñar sus políticas ambientales y fortalecer sus equipos técnicos. “Las provincias van a poder rediseñar sus políticas ambientales”, afirmó.
Sin embargo, reconoció límites claros, como en el caso del río Paraná, que es navegable, está bajo órbita federal y comparte frontera con otro país. Aun así, consideró que podrían revisarse políticas de cuencas hídricas y estándares locales que antes venían definidos por la ley nacional.
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Un cambio de época
Más allá del análisis técnico, Villafañe ofreció una mirada de contexto. “Creo que estamos ante el inicio de una nueva época, no solamente en Argentina, en todo el mundo”, reflexionó.
Sostuvo que los valores que antes funcionaban como cimientos sociales están siendo reemplazados por una lógica centrada en el rédito económico. “Siempre se habla de costo, inversión. En el fondo hay un análisis de ese tipo”, observó.
En lo personal, se mostró crítico frente a lo que definió como una “mercantilización de la sociedad”. “No comparto aplicarle las reglas de la economía del mercado a la sociedad”, afirmó, y señaló que a estos nuevos modelos “les falta humanismo”.
En un escenario político que describió como de “ebullición y cambios profundos”, consideró que muchas instituciones están siendo repensadas. El resultado, concluyó, dependerá de cómo impacten esas transformaciones en la práctica.
El debate en Diputados, así, no sólo pone en discusión la protección de los glaciares, sino el modelo ambiental e institucional que regirá en los próximos años.
Vacunación pediátrica: Argentina atraviesa uno de los niveles más bajos de cobertura en la última décadahttps://t.co/IFtImxU1KU pic.twitter.com/SqvIOqdBnb
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