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La Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno nacional implementar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario (N.º 27.795), tras rechazar por unanimidad un recurso extraordinario presentado por el Ministerio de Capital Humano. La decisión, conocida en medio del prolongado conflicto por los recursos destinados a las universidades públicas, reavivó el debate sobre el financiamiento del sistema educativo y abrió una nueva disputa entre el Poder Ejecutivo y los gremios docentes.
Desde la administración del presidente Javier Milei sostuvieron que la aplicación de la norma implicaría un desembolso de entre 1,3 y 3,6 billones de pesos, al considerar que el Congreso aprobó la ley sin establecer de qué partidas presupuestarias surgirían esos fondos. En ese contexto, el Ejecutivo reiteró que mantendrá como prioridad el superávit fiscal y cuestionó la viabilidad financiera de la medida.
El Gobierno también argumentó que la normativa incumple el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera, que establece que toda ley que genere nuevos gastos debe especificar su fuente de financiamiento. Según la postura oficial, la única alternativa para afrontar ese gasto sería recurrir a la emisión monetaria, lo que, aseguran, pondría en riesgo la estabilidad económica y generaría mayores presiones inflacionarias.
En contraste, los gremios universitarios celebraron la resolución judicial. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) consideraron que el fallo representa un respaldo a los reclamos del sector y acusaron al Gobierno de intentar evitar el cumplimiento de la ley mediante distintas estrategias legislativas y judiciales.
La secretaria adjunta de AGD-UBA, Ileana Celotto, afirmó que la decisión de la Corte fue impulsada por la presión ejercida por docentes, no docentes y estudiantes de todo el país. Además, anticipó que el inicio del segundo cuatrimestre podría estar acompañado por un nuevo plan de lucha para exigir el cumplimiento integral de la normativa y la recuperación del poder adquisitivo de los salarios universitarios.
Celotto también rechazó el argumento oficial sobre la falta de recursos y sostuvo que existen alternativas para financiar la ley si el Gobierno redefine sus prioridades presupuestarias. En ese sentido, insistió en que el Estado destina fondos a otros sectores mientras posterga las demandas del sistema universitario.
En la misma línea, el secretario general de ADUBA, Emiliano Cagnacci, destacó que la decisión de la Corte ratifica la obligación del Estado de cumplir las leyes vigentes. Explicó que la medida cautelar protege especialmente los salarios de docentes y no docentes, además de las becas estudiantiles, al considerar que se trata de derechos vinculados al sostenimiento del sistema universitario público.
Pese al revés judicial, el Ejecutivo remarcó que el fallo no resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la ley y confirmó que continuará impulsando controles sobre el uso de los recursos destinados a las universidades. En ese marco, solicitó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) intensificar las auditorías en todas las facultades nacionales autónomas.
