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Durante 2025, un total de 153.847 trabajadores registrados que fueron despedidos sin causa comenzaron a percibir la Prestación por Desempleo en Argentina, según datos oficiales de la Seguridad Social. El aumento sostenido de las solicitudes evidenció el impacto del escenario económico en el empleo formal, con un cierre de año que encendió alertas.
En diciembre, la asistencia estatal alcanzó su registro mensual más alto, con 103.654 personas cobrando el beneficio y un pago promedio de $276.944, consolidando una tendencia creciente en la demanda de cobertura por pérdida laboral.
Sectores más afectados por los despidos
El análisis sectorial revela que la industria manufacturera fue la más golpeada, con 36.648 desvinculaciones. Le siguieron el comercio, con 32.630 casos, y la construcción, con 25.311 trabajadores que accedieron al seguro de desempleo.
En cuanto a la distribución geográfica, la mayor concentración se registró en la provincia de Buenos Aires, donde residían 44.145 beneficiarios. Más atrás se ubicaron Córdoba (7.825), Santa Fe (7.675) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (6.720).
Quiénes pueden acceder y cómo se calcula el pago
El beneficio está contemplado en la Ley 24.013, que regula la protección por desempleo en Argentina. Tienen derecho a solicitarlo quienes hayan trabajado en relación de dependencia y hayan sido despedidos por causas no atribuibles al trabajador.
Entre los requisitos centrales se encuentra el de haber registrado al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos al despido. La cobertura puede extenderse hasta 12 meses, período durante el cual el beneficiario conserva la obra social, las asignaciones familiares y el cómputo de antigüedad para la jubilación.
El esquema de pago es progresivamente decreciente:
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100% del monto durante los primeros cuatro meses
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80% entre el quinto y el octavo mes
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70% del noveno al duodécimo mes
De acuerdo con lo establecido por el Consejo del Salario Mínimo en 2023, la prestación debe equivaler al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos seis meses trabajados, con un piso del 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil y un tope máximo del 100% de ese salario.
El incremento en la cantidad de beneficiarios durante 2025 refleja la presión que atraviesa el mercado laboral formal y plantea interrogantes sobre la evolución del empleo en los próximos meses.
