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La pobreza infantil alcanzó al 42,5% de los niños, niñas y adolescentes en 2026, según un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). El estudio analiza la evolución de la problemática entre 2018 y 2026 y destaca el impacto de las transferencias monetarias destinadas a la niñez.
El relevamiento señala que el peor registro se produjo en 2024, cuando la pobreza alcanzó al 70,4% de la población infantil. En 2026, además, la indigencia afecta al 9,5% de los niños y adolescentes.
Las investigadoras Valentina González Sisto e Ianina Tuñón remarcaron el rol de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para contener las situaciones más graves. Según el informe, ambos programas explican más del 90% de la reducción estimada de la pobreza infantil y cerca del 98% de la disminución de la indigencia.
Sin estas transferencias, la indigencia infantil habría alcanzado el 16,4%, mientras que la pobreza se habría ubicado en el 47,8%.
Las otras caras de la pobreza infantil
El informe advierte que la mejora de los ingresos no alcanza para resolver las múltiples dimensiones de la pobreza. Entre las principales privaciones, el 37,5% de los niños y adolescentes no puede acceder a ropa o calzado por motivos económicos, mientras que el 36,8% presenta dificultades de aprendizaje.
A su vez, el 27,3% manifiesta problemas para hacer amigos o mantener vínculos sociales y el 18,1% atraviesa situaciones de malestar emocional, como tristeza o ansiedad.
El estudio también identifica una relación entre la pobreza infantil y las condiciones laborales de los adultos responsables, la composición de los hogares y el lugar de residencia.
En particular, los hogares cuyos jefes están desocupados presentan mayores niveles de vulnerabilidad, al igual que las familias que viven en el Noreste Argentino (NEA).
Desde el ODSA-UCA sostienen que las transferencias monetarias son una herramienta fundamental de protección, pero advierten que la pobreza infantil excede la dimensión económica y requiere políticas integrales que también contemplen educación, salud, vínculos sociales y bienestar emocional.
