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En Argentina, entre abril de 2023 y octubre de 2025, se notificaron 22.249 intentos de suicidio, según registros oficiales del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, lo que equivale a casi 24 episodios por día en todo el territorio nacional. El fenómeno afecta principalmente a mujeres, aunque la mayor letalidad se concentra en varones, debido al uso de métodos más extremos, según advierten las autoridades sanitarias.
Los informes muestran que el 61% de los intentos fue protagonizado por mujeres, especialmente adolescentes y jóvenes, mientras que los varones, aun con menos episodios registrados, presentan una probabilidad de muerte casi cinco veces mayor. En términos concretos, solo el 2,1% de los intentos femeninos terminó en fallecimiento, frente a un 10,8% en hombres.
Esta diferencia responde a un patrón ampliamente estudiado en salud pública conocido como la “paradoja de género en el suicidio”: ellas intentan más, ellos mueren más. El factor determinante está vinculado al tipo de método utilizado, ya que las mujeres recurren mayoritariamente a ingesta de medicamentos, mientras que los varones emplean mecanismos de alta letalidad, lo que incrementa el riesgo fatal.
El análisis por edades también revela datos preocupantes. Las adolescentes de entre 15 y 19 años concentran la mayor cantidad de intentos, mientras que los varones jóvenes de 20 a 29 años lideran las estadísticas de suicidios consumados. Además, se detecta un incremento significativo de muertes en hombres mayores de 70 años, un grupo especialmente vulnerable y muchas veces invisibilizado.
Otro dato clave es el escenario donde ocurren los episodios: la mayoría de los intentos se produce dentro del hogar, lo que refuerza la necesidad de fortalecer las redes familiares, comunitarias y de contención temprana. Entre los antecedentes más frecuentes aparecen trastornos de salud mental previos, intentos anteriores y consumo problemático de alcohol u otras sustancias.
Desde el Ministerio de Salud de la Nación aclaran que el aumento en las cifras también está relacionado con una mejora en los sistemas de registro y notificación obligatoria, lo que permite visibilizar una problemática que históricamente estuvo subregistrada.
La información expone un escenario complejo que exige estrategias de prevención diferenciadas por género y edad, con políticas públicas sostenidas, acceso oportuno a la atención en salud mental y campañas de concientización que permitan actuar antes de que el intento ocurra.
