En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las cifras y políticas actuales en Argentina reflejan un panorama preocupante. Delfina Schenone, directora del área de Políticas de ELA, alertó sobre el desmantelamiento de programas clave como la línea 144, la reducción de presupuestos y la falta de propuestas alternativas frente a una problemática que, según datos recientes, se cobra una vida cada 35 horas.
En los últimos meses, la implementación de políticas para prevenir y combatir la violencia de género en Argentina sufrió un deterioro significativo. Según Delfina Schenone, directora del área de Políticas de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), “el Gobierno Nacional desconoce o niega el fenómeno de la violencia de género” y, lejos de quedarse en el discurso, esta postura se traduce en «desmantelamiento, paralización o desfinanciamiento de programas».
Uno de los programas más emblemáticos, la línea 144, muestra señales claras de debilitamiento. Esta herramienta, que brinda atención, contención y seguimiento a mujeres en situación de violencia, enfrentó la reducción de un 45% de su personal este año, lo que genera una sobrecarga crítica en los turnos. Además, las asistencias realizadas disminuyeron un 25% y las comunicaciones telefónicas, un 11%, comparando los dos primeros trimestres de 2023. Como agravante, se eliminó el servicio de videollamadas para personas hipoacúsicas.
“Es preocupante que esta línea, conocida por el 85% de las mujeres según una encuesta de CABA, esté siendo desmantelada. Es una línea de referencia”, subrayó Schenone.
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Presupuesto 2025: menos transparencia, menos recursos
El presupuesto nacional, proyectado para 2025, no mejora el panorama. Según un análisis de ELA junto con ASIC, no solo se redujo la asignación para programas sociales, sino que también se perdió transparencia en la identificación de partidas específicas. “Antes podíamos saber cuánta plata se destinaba a la línea 144. Este año, esa partida ya no está etiquetada”, explicó Schenone.
Además, el principal programa de asistencia económica y psicosocial, destinado a mujeres en situación de alto riesgo, desapareció del presupuesto. Este programa era clave para ayudar a mujeres a abandonar hogares violentos y lograr autonomía económica. “No se han propuesto alternativas para reemplazar programas que objetan como ‘curro’”, agrega la directora, quien también resalta la falta de un Plan Nacional de Acción contra las Violencias, tal como lo exige la Ley 26.485.
En un año en el que se registraron 269 feminicidios, con una frecuencia de una muerte cada 35 horas según la Casa del Encuentro, el retroceso en las políticas públicas resulta aún más preocupante. “La violencia no ha desaparecido porque se la niegue discursivamente”, advirtió Schenone, enfatizando que el fenómeno sigue presente y las respuestas del Estado no están a la altura de la emergencia.
