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Una investigación judicial que sacude al ámbito de la salud en Argentina tiene en el centro de la escena a dos profesionales del Hospital Italiano: el anestesiólogo Hernán Boveri y la médica residente Delfina Lanusse. Ambos fueron imputados por presunta administración fraudulenta de drogas, en una causa que indaga el uso indebido de fármacos hospitalarios en fiestas privadas.
La muerte de Zalazar y el escándalo que salpica al Hospital Italiano
El caso se conoció tras la muerte de Alejandro Zalazar, un médico anestesiólogo de 34 años que fue hallado sin vida en su departamento de Palermo el pasado 20 de febrero. La principal hipótesis apunta a una sobredosis de propofol y fentanilo, dos potentes anestésicos de uso hospitalario. La escena presentaba signos compatibles con intervención médica, lo que encendió las alarmas y derivó en una investigación más amplia.
Días después, el Hospital Italiano denunció faltantes de estos medicamentos, lo que permitió establecer un vínculo directo entre los fármacos hallados y el centro de salud. A partir de allí, la causa quedó en manos del fiscal Lucio Herrera y el juez Martín Sánchez Sarmiento, quienes ordenaron allanamientos que confirmaron el origen de las sustancias.
En ese contexto, surgieron indicios sobre la existencia de reuniones privadas denominadas informalmente “Propo fest” donde un grupo reducido de profesionales de la salud habría utilizado anestésicos con fines recreativos. Según los elementos que analiza la Justicia, en estos encuentros se ofrecían supuestos “viajes controlados”, en los que los participantes consumían drogas bajo supervisión médica a cambio de dinero.
Boveri, con trayectoria en anestesiología y participación en espacios académicos internacionales, fue apartado de su cargo tras quedar vinculado a la causa. Por su parte, Lanusse, residente de tercer año y egresada de la Universidad Austral, también quedó bajo investigación.
Ambos prestaron declaración indagatoria Lanusse el 18 de marzo y Boveri el 25 de manera virtual y negaron las acusaciones en su contra. Además, tienen prohibida la salida del país mientras avanza el expediente judicial.
La Fiscalía ahora busca determinar si, además del uso indebido de medicamentos, existió una estructura organizada de comercialización de estos “servicios”, lo que podría agravar las imputaciones. También se investiga si hay más profesionales involucrados en esta presunta red clandestina.
El caso genera fuerte impacto en el sistema de salud y abre interrogantes sobre los controles en el manejo de sustancias sensibles dentro de instituciones médicas. Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo pruebas para esclarecer una trama que combina negligencia, ilegalidad y un uso extremo de recursos destinados al cuidado de la vida.
