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Una investigación federal avanza para determinar si una facción del grupo criminal Tren de Aragua opera en la Argentina con base en la provincia de Corrientes. La causa, centrada en maniobras de lavado de activos y financiamiento criminal, ya cuenta con procesamientos confirmados y, en los últimos días, incorporó la detención de un ciudadano venezolano, un hecho que volvió a encender la preocupación en el ámbito judicial.
Según pudo establecerse, la Fiscalía Federal de Corrientes imputó y logró la prisión preventiva de un hombre de nacionalidad venezolana que había ingresado de manera irregular al país. Si bien no integra el grupo principal ya procesado, su situación fortaleció una hipótesis que viene ganando peso dentro del expediente: la existencia de una presencia activa del Tren de Aragua en la provincia.
El corazón de la causa se apoya en un fallo de la Cámara Federal, que confirmó los procesamientos y prisiones preventivas de más de una decena de personas, acusadas de integrar una estructura dedicada al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. De acuerdo con la resolución, el entramado delictivo habría operado al menos desde 2019, utilizando a Corrientes como uno de sus principales puntos de apoyo, con ramificaciones en Buenos Aires y otras regiones del país.
La investigación judicial logró reconstruir un sofisticado esquema financiero, basado en transferencias informales de dinero —conocidas como sistema hawala—, el uso de comercios y sociedades como pantallas, la adquisición de bienes sin respaldo económico y el envío de fondos al exterior. Para los investigadores, parte de esos recursos estaría vinculada directamente al Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más violentas y extendidas de América Latina.
Una detención que refuerza la hipótesis
El ciudadano venezolano detenido en diciembre, cuya imputación fue informada recientemente, quedó bajo la lupa del Ministerio Público Fiscal (MPF) por presentar movimientos migratorios irregulares, antecedentes y elementos de identificación asociados a la banda criminal. Estos indicios llevaron al juez interviniente a dictar la prisión preventiva, al considerar existente el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Fuentes judiciales señalaron que este caso es analizado como una pieza más de un rompecabezas mayor, orientado a establecer si Corrientes funciona como un núcleo de asentamiento, logística o reorganización de la organización criminal en el país.
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El escenario que hoy se investiga en Corrientes no es aislado. Semanas atrás, la Justicia confirmó condenas contra una red de transferencias ilegales tipo hawala en Buenos Aires, también investigada por sus vínculos con el financiamiento del Tren de Aragua.
Si bien se trata de expedientes distintos y con imputados diferentes, los investigadores subrayaron las similitudes en los métodos utilizados, lo que reforzó la sospecha de un patrón de funcionamiento común y de una posible expansión coordinada de la estructura criminal en territorio argentino.
La causa continúa en desarrollo y, según anticiparon fuentes judiciales, no se descartan nuevas detenciones ni ampliaciones de imputaciones, mientras se profundiza el análisis sobre el verdadero alcance de la presunta operatoria del Tren de Aragua en el país.
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