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La Justicia federal ordenó el embargo y la inhibición general de bienes para exdirectivos del Banco Nación, entre ellos Javier González Fraga y Lucas Llach, en el marco de la causa Vicentín, que investiga un presunto fraude millonario contra el Estado argentino. La medida fue dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 10 y alcanza además a otros directivos del banco y a empresarios vinculados al Grupo Vicentín.
Según la resolución judicial, la finalidad del embargo es asegurar la eventual imposición y cumplimiento del decomiso, así como impedir que se consolide el provecho del delito en cuestión. La Justicia también contempla la posible pena de multa y la solidaridad en la obligación de reparar el daño causado al erario público.
Quiénes están involucrados y qué se les imputa
La medida alcanza a 18 exfuncionarios del Banco Nación Argentina durante la gestión de Mauricio Macri, incluyendo:
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Javier Antonio González Fraga (expresidente del Banco Nación)
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Lucas Llach (vicepresidente)
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Varios directores, subgerentes y gerentes de la entidad financiera
ambién fueron embargados empresarios del Grupo Vicentín, como Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vicepresidente) y otros directores del holding.
El núcleo de la acusación judicial
La imputación señala que los funcionarios del Banco Nación y los empresarios del Grupo Vicentín habrían colaborado, entre agosto y diciembre de 2019, para permitir que la cerealera defraudara las arcas públicas por más de US$ 304 millones. Esta maniobra incluyó, según la investigación, omisiones en la intimación de deudas ya vencidas y operaciones bancarias que liberaron fondos depositados como garantía, a pesar de que el banco carecía de facultades para cobrarse.
La Justicia sostiene que entre esas operaciones se autorizaron 125 transferencias por valor total de miles de millones de pesos, y también que se otorgaron 28 préstamos irregulares que suman más de US$ 105 millones en un corto lapso de 2019, aún con obligaciones vencidas de la empresa. Las indagatorias de los imputados comenzaron en noviembre de 2025 y continuarán luego del receso judicial.
