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La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) confirmó una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que impacta directamente en el Gobierno de Javier Milei, que ahora analiza cómo aplicarla. La decisión, adoptada en la Ciudad de Buenos Aires este año, obliga a respetar la normativa que había sido vetada por su costo estimado en 1,3 billones de pesos, y reconfigura el esquema fiscal del Ejecutivo, que evalúa reasignaciones presupuestarias sin alterar el superávit. El giro ocurre tras el rechazo judicial a la estrategia oficial para frenar la ley, lo que abrió una discusión interna sobre cómo garantizar los fondos para las universidades sin comprometer las metas económicas.
El fallo de la CSJN desactivó la expectativa del Gobierno de revertir la norma en sede judicial y dejó al Ejecutivo frente a un escenario más restrictivo. En ese contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene sobre la mesa la posibilidad de cumplir con la ley mediante reordenamientos de partidas, aunque bajo una condición innegociable dentro de la administración libertaria: sostener el equilibrio fiscal.
En paralelo, dentro de la estructura oficialista surgieron cuestionamientos a la estrategia jurídica impulsada desde el área de Justicia, encabezada por Juan Bautista Mahiques, que buscaba frenar la aplicación de la norma. Ese diseño había sido interpretado en sectores del Gobierno como una vía para ganar tiempo, pero el pronunciamiento judicial terminó cerrando esa expectativa.
La discusión también expone diferencias internas sobre el alcance político del conflicto. Mientras algunos sectores confiaban en un fallo favorable de la Corte, la resolución obligó a recalibrar posiciones y acelerar definiciones sobre el financiamiento del sistema universitario.
La ley, que había sido debatida con participación de rectores y acuerdos parciales con el secretario de Educación Carlos Torrendell, también contaba con aval de sectores sindicales como la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), lo que reforzó su legitimidad institucional.
En ese marco, el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Franco Bartolacci, valoró la decisión judicial y sostuvo que el cumplimiento de una norma sancionada democráticamente resulta clave para la estabilidad del sistema universitario. Según su postura, el fallo abre la posibilidad de avanzar hacia la aplicación efectiva de la ley y destrabar el conflicto presupuestario.
Con el escenario judicial ya definido, el Gobierno enfrenta ahora la fase más compleja: traducir el fallo en una ingeniería fiscal que permita cumplir con la ley sin alterar su principal ancla económica.
