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El bloque Encuentro Misionero presentó este jueves en la Cámara de Representantes de Misiones un proyecto de ley orientado a la digitalización integral y la despapelización de la administración pública provincial, con especial foco en el Poder Ejecutivo.
La iniciativa, firmada por Carlos Rovira, Paula Franco y otros legisladores del espacio, plantea una transformación profunda de los procedimientos administrativos mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que permitan optimizar la gestión estatal, agilizar trámites y reducir costos operativos.
Según los fundamentos del proyecto, la discusión sobre la eficiencia del Estado no debería centrarse únicamente en la reorganización de estructuras, la creación o eliminación de dependencias o la modificación de organigramas, sino en la modernización efectiva de los procesos internos.
Desde Encuentro Misionero sostienen que muchas reformas administrativas terminan limitándose al traslado de personal entre áreas sin generar cambios sustanciales en el funcionamiento cotidiano de la administración. En cambio, consideran que la incorporación de tecnologías digitales puede producir mejoras concretas en materia de productividad, transparencia, trazabilidad de expedientes y tiempos de respuesta.
El Poder Ejecutivo, principal objetivo
La propuesta apunta principalmente al Poder Ejecutivo provincial, donde los autores consideran que aún existe un amplio margen para profundizar los procesos de modernización tecnológica.
Entre las medidas previstas se encuentran la ampliación del uso de expedientes electrónicos, la implementación de firmas digitales, el fortalecimiento de plataformas de gestión documental y la creación de sistemas interoperables que permitan el intercambio de información entre distintos organismos públicos.
El objetivo final es avanzar hacia un esquema de administración completamente digital, reduciendo progresivamente la dependencia de la documentación física.
Experiencias que sirven de antecedente
Los impulsores del proyecto destacan que Misiones ya cuenta con experiencias exitosas de digitalización dentro de distintos organismos estatales.
Entre ellas mencionan el trabajo realizado por la Cámara de Representantes con el desarrollo del Digesto Jurídico de Misiones, herramienta que permitió ordenar, sistematizar y facilitar el acceso a la legislación provincial vigente.
También recuerdan los avances registrados en sectores del Poder Judicial, donde la implementación de expedientes electrónicos permitió agilizar procedimientos y disminuir significativamente el uso de papel.
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Otro de los ejemplos señalados es el del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), donde numerosos trámites ya pueden realizarse de manera virtual, evitando traslados y reduciendo tiempos de gestión para los ciudadanos.
Sin embargo, el caso que el proyecto destaca con mayor énfasis es el del Tribunal de Cuentas de la Provincia, organismo que logró digitalizar prácticamente la totalidad de sus procesos internos y que actualmente exige a los municipios la presentación electrónica de rendiciones y documentación administrativa.
Para los autores, estos antecedentes demuestran que la digitalización no constituye una meta lejana ni una propuesta experimental, sino una política pública que ya funciona y ofrece resultados concretos dentro del propio Estado provincial.
Ahorro económico y beneficios ambientales
La iniciativa también incorpora una dimensión ambiental vinculada a la reducción del consumo de papel.
Los legisladores consideran que la eliminación gradual de la documentación física permitiría disminuir los gastos asociados a impresión, almacenamiento y traslado de expedientes, al mismo tiempo que contribuiría a reducir el impacto ambiental derivado del uso intensivo de recursos materiales.
En ese marco, el proyecto busca establecer un marco normativo que garantice la expansión de herramientas digitales en toda la administración pública y consolide una política de Estado orientada a la modernización administrativa.
Una nueva discusión sobre la eficiencia estatal
Desde Encuentro Misionero entienden que el debate sobre el futuro del Estado debe enfocarse menos en el tamaño de la estructura y más en su capacidad para brindar respuestas rápidas y eficientes a la ciudadanía.
Por ello, esperan que la iniciativa tenga un tratamiento legislativo ágil y pueda convertirse en ley en las próximas semanas.
La propuesta parte de una premisa central: que el ahorro genuino y la eficiencia administrativa no se logran únicamente mediante cambios organizacionales, sino a través de una transformación profunda de los procedimientos de gestión, apoyada en la tecnología y orientada a mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos.
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