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El sector de la discapacidad en Argentina atraviesa una situación crítica que fue expuesta en una carta dirigida a legisladores nacionales, donde se advierte sobre un escenario de emergencia sostenido y en profundización.
Discapacidad al límite: cierres, deudas y servicios en riesgo
Según el documento, la problemática no es nueva, pero se agravó en los últimos meses debido a la falta de respuestas del Gobierno Nacional, el atraso en los aranceles y las demoras en los pagos a prestadores. Esta combinación ha generado un fuerte deterioro en la prestación de servicios y en la sostenibilidad de las instituciones.
Uno de los principales reclamos se centra en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793), cuya aplicación presenta demoras y dificultades. Desde el sector aseguran que los aumentos otorgados no alcanzan a cubrir la inflación acumulada, estimando un atraso cercano al 40% en los valores actuales.
A esto se suma la incertidumbre en torno a la conversión de pensiones no contributivas, que, aunque fue anunciada como automática, contempla evaluaciones previas que podrían ralentizar el proceso. También se mencionan avances parciales, como el incremento en el apoyo económico a trabajadores de talleres protegidos, aunque consideran que resulta insuficiente frente a la crisis general.
En paralelo, se denuncian importantes retrasos en la cadena de pagos. Organismos como PAMI y el programa Incluir Salud presentan demoras de varios meses, mientras que algunas obras sociales extienden los plazos hasta 90 días. Esta situación ha obligado a numerosos prestadores a endeudarse o incluso a cerrar sus puertas.
El impacto no solo alcanza a las instituciones, sino también a los trabajadores del sector, que enfrentan atrasos salariales, y a las personas con discapacidad, quienes ven afectado el acceso a sus tratamientos y servicios esenciales.
Finalmente, el documento advierte sobre la falta de una política integral en materia de discapacidad y solicita a legisladores nacionales que trasladen la problemática a las provincias y municipios, remarcando que la responsabilidad es compartida en áreas clave como salud, educación y accesibilidad.
