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El Gobierno nacional anunció recientemente una serie de medidas orientadas a captar los denominados “dólares del colchón”, en un intento por formalizar una porción significativa de las divisas que circulan fuera del sistema económico argentino. La estimación oficial sostiene que hay más de 260 mil millones de dólares sin declarar, y el objetivo es incentivar su reinserción en el circuito formal mediante la flexibilización de controles fiscales.
Entre las resoluciones anunciadas por el Ministerio de Economía, que lidera Luis Caputo, se destacan la derogación de ciertas obligaciones informativas ante la AFIP, el aumento de los montos que los bancos deben reportar por operaciones en dólares, y la creación del régimen de liquidación simplificada de ganancias, que permitiría adquirir bienes registrables con fondos no declarados.
Sin embargo, en este escenario de anuncios sin legislación efectiva, muchos sectores prefieren avanzar con cautela. Tal es el caso del rubro de estaciones de servicio, que podría verse involucrado indirectamente por movimientos de capital derivados del nuevo marco.
El abogado tributarista Diego Fraga fue categórico: “en este momento, no considero conveniente tomar decisiones apresuradas. Muchas de las disposiciones comunicadas aún no han sido plasmadas formalmente en una norma legal que otorgue seguridad jurídica”.
Fraga detalló que, si bien hubo cambios reglamentarios y derogaciones puntuales, todavía no existe un marco legal consolidado que garantice la transparencia y viabilidad del uso de fondos no declarados, especialmente en operaciones complejas o vinculadas a la adquisición de activos.
“Hasta que no se instrumente una ley que dé un marco claro, la situación es incierta. La iniciativa podría resultar beneficiosa en el futuro, pero por ahora el escenario sigue siendo difuso”, agregó.
Una de las posibilidades más relevantes para empresarios del sector expendedor es la de aplicar fondos informalizados a la compra de bienes registrables, pero esto solo sería posible adheriendo al nuevo régimen simplificado, algo que hoy no tiene un reglamento operativo definido.
Por esta razón, Fraga aconsejó extrema prudencia a los titulares de estaciones de servicio: “antes de implementar cualquier modificación en sus estructuras fiscales o realizar movimientos significativos de capital, es indispensable que consulten con sus asesores especializados. Las decisiones deben estar respaldadas por un análisis técnico sólido y por el marco normativo vigente”.
En tiempos de reformas inestables y vacíos legales temporales, la mejor estrategia para el sector parece ser la espera informada. Mientras tanto, la implementación efectiva de las medidas dependerá del avance normativo y de una eventual convalidación parlamentaria.
