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El oficialismo aceleró en la Cámara de Diputados el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares y convocó para este miércoles a las 10 a un plenario de comisiones que dará inicio al debate en la Cámara baja. La iniciativa, considerada estratégica por el Gobierno para potenciar inversiones en megaminería e hidrocarburos, genera fuerte preocupación en sectores ambientalistas y parte de la oposición.
El encuentro reunirá a las comisiones de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente —presidida por José Peluc— y de Asuntos Constitucionales, encabezada por Nicolás Mayoraz. Si bien la intención oficial es convertir el proyecto en ley antes de fin de mes, el tratamiento no se agotará en esta primera reunión.
Señal al exterior
En los pasillos del Congreso y la Casa Rosada se menciona que el presidente Javier Milei buscaría mostrar la media sanción del Senado como una señal clara hacia los mercados internacionales durante el “Argentina Week 2026”, que se realizará en Nueva York entre el 9 y el 12 de marzo. La reforma es vista como un imán para atraer capitales interesados en la explotación de recursos estratégicos.
No se descarta que la semana próxima, en paralelo con ese evento en Estados Unidos, el oficialismo avance con la firma del dictamen y lleve el proyecto al recinto para su aprobación definitiva.
El antecedente en el Senado
El 26 de febrero, el Senado dio media sanción a la reforma con 40 votos afirmativos y 31 rechazos. La aprobación respondió a un compromiso del Ejecutivo con gobernadores de provincias cordilleranas que impulsan una legislación menos restrictiva para dinamizar inversiones mineras y energéticas.
La modificación alcanza a la Ley 26.639, vigente desde 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial.
El proyecto redefine el alcance de las zonas protegidas y elimina la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares. En su lugar, propone que puedan autorizarse proyectos económicos siempre que cuenten con evaluación de impacto ambiental favorable.
Además, transfiere mayores facultades a las provincias para determinar qué zonas proteger y cuáles habilitar, reduciendo la injerencia de la administración central.
La iniciativa introduce una distinción entre “formas periglaciares” que cumplen funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y aquellas que no. Solo las primeras quedarían plenamente protegidas, mientras que las restantes podrían destinarse a explotación económica.
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Protección y controversia
La normativa actual protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares compuestas por suelos congelados, roca y sedimentos. Con la reforma, se mantendría la prohibición de actividades económicas en glaciares propiamente dichos, pero se abriría la puerta a proyectos en zonas sin función hídrica comprobable.
Entre las actividades prohibidas seguirían figurando aquellas que alteren de modo relevante la condición natural de los glaciares, como la liberación de sustancias contaminantes, obras de infraestructura, exploración minera o hidrocarburífera y procesos industriales. En cambio, se permitirían investigaciones científicas, rescates de emergencia y deportes no motorizados.
El proyecto también crea el Inventario Nacional de Glaciares, cuya confección estará a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), con coordinación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.
Mientras el oficialismo busca avanzar con celeridad, bloques opositores y organizaciones ambientalistas advierten que la reforma podría debilitar la protección de reservas estratégicas de agua dulce, esenciales para el consumo humano, la biodiversidad y el equilibrio climático. El debate recién comienza y promete ser uno de los más sensibles del período legislativo.
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