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La audiencia pública por el aumento del boleto urbano sumó una mirada centrada en los usuarios del sistema. En representación de la Defensoría del Pueblo de Posadas, Vanesa Cecilia Libutzki, directora general del organismo, planteó la necesidad de que cualquier decisión tarifaria contemple no solo la sustentabilidad económica del transporte, sino también la responsabilidad social y la capacidad de pago de los usuarios.
“Entendemos la complejidad operativa y económica que atraviesa el transporte público de pasajeros, pero sostenemos que cualquier decisión tarifaria debe tener equilibrio y responsabilidad social”, expresó Libutzki, al remarcar que el boleto impacta de manera directa en la vida cotidiana de miles de vecinos.
Una encuesta para incorporar la voz de los usuarios
Con el objetivo de sumar la experiencia real de quienes utilizan el transporte público, la Defensoría del Pueblo realizó una encuesta durante diciembre de 2025. El relevamiento reunió 453 respuestas, que permitieron conocer de manera directa el uso, los problemas y las expectativas de los usuarios.
Los resultados, según detalló Libutzki, son contundentes. El 87% de las personas encuestadas utiliza el transporte público al menos una vez por semana, mientras que el 65% lo hace todos los días. “Esto confirma que se trata de un servicio esencial y no opcional”, sostuvo.
Al mismo tiempo, el 93% de los encuestados manifestó que existen problemas o aspectos a mejorar dentro del sistema, lo que deja en evidencia que el debate tarifario no puede analizarse de manera aislada.
Frecuencia, el principal reclamo
Entre los reclamos relevados, la frecuencia del servicio aparece como el problema más señalado: el 97% de los usuarios la identificó como la principal falencia del transporte urbano en Posadas. En segundo lugar se ubicó el costo del pasaje, mencionado por el 66% de los encuestados.
Otros puntos destacados fueron el estado de las unidades (50%), las condiciones generales de viaje (43%), la situación de refugios y paradas (41%) y la falta de puntos de carga SUBE (38%).
“Estos datos permiten arribar a una conclusión clara: la discusión tarifaria no puede desligarse de la discusión sobre la calidad del servicio”, afirmó la funcionaria.
Menos subsidios y más competencia
Libutzki también contextualizó el escenario actual del transporte público, marcado por la quita de subsidios nacionales, la expansión de aplicaciones de traslado y la estacionalidad asociada al ciclo escolar, factores que impactan directamente en la demanda del sistema.
En ese sentido, advirtió que un aumento significativo del boleto puede generar un efecto contraproducente. “Existe el riesgo de menos usuarios, menores ingresos, caída de la demanda y, posteriormente, nuevas dificultades para sostener el servicio”, señaló.
La encuesta realizada por la Defensoría refleja este fenómeno: muchas personas recurren a aplicaciones de traslado no por preferencia, sino por necesidad. Un porcentaje relevante reemplaza el colectivo de manera frecuente u ocasional, principalmente por la baja frecuencia del servicio, motivo señalado por el 73% de los encuestados, seguido por el ahorro de tiempo y la conveniencia del precio.
“Esto confirma que cuando el servicio no responde, la ciudadanía busca alternativas”, sostuvo Libutzki.
Propuestas para una revisión integral del sistema
Desde la Defensoría del Pueblo, la postura fue clara: cualquier revisión tarifaria debe estar acompañada de un plan integral de mejoras, con medidas concretas y verificables. Entre los puntos planteados se destacan:
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Evaluar el equilibrio tarifario con responsabilidad social, atendiendo la situación económica de los usuarios.
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Mejorar de manera efectiva la frecuencia del servicio, especialmente en horarios pico, uno de los reclamos que más impacta en la vida cotidiana.
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Garantizar información en tiempo real sobre recorridos y horarios para reducir la incertidumbre y los tiempos de espera.
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Fortalecer los canales de comunicación ante cambios de horarios, reducción de frecuencias o modificaciones de recorridos, con información clara y accesible.
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Mejorar las condiciones generales del servicio, incluyendo el estado de las unidades y los puntos de carga SUBE.
Sustentabilidad con usuarios adentro
Libutzki fue enfática al señalar que la sustentabilidad del sistema no puede pensarse sin los usuarios. “No desconocemos la necesidad de que el transporte sea sustentable, pero la sustentabilidad no existe sin usuarios, y los usuarios no permanecen sin calidad de servicio”, afirmó.
Por último, solicitó que toda decisión tarifaria se enmarque en un plan integral con metas claras, controles y transparencia, de modo que el esfuerzo económico que se le solicita a la ciudadanía tenga una contrapartida concreta y verificable.
La intervención de la Defensoría del Pueblo dejó así planteada una advertencia central en el debate por el boleto urbano: el precio del pasaje no puede analizarse de manera aislada, sino como parte de un sistema que debe garantizar accesibilidad, previsibilidad y calidad para quienes dependen a diario del transporte público.
