El exministro de Planificación Federal del kirchnerismo, Julio De Vido, fue trasladado este jueves desde los tribunales de Comodoro Py hacia el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde comenzará a cumplir su condena de cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que dejó 51 personas fallecidas.

El traslado se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que lo encontró partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
La decisión del máximo tribunal fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon “inadmisibles” los recursos presentados tanto por la defensa de De Vido como por el Ministerio Público Fiscal.

El exfuncionario se presentó voluntariamente en los tribunales de Comodoro Py pasadas las 8.15 de la mañana, luego de ser notificado de la resolución judicial que lo obliga a cumplir la pena de manera efectiva.
En 2018, el TOF 4 integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez había condenado a De Vido al considerar que, en su rol de ministro, incumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo relacionado con las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos destinados al servicio ferroviario.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena y, posteriormente, la Corte Suprema ratificó la responsabilidad penal de De Vido, aunque en 2024 ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Con el reciente fallo del máximo tribunal, se desestimó el último intento de la defensa, que buscaba la prescripción de la causa, y se consolidó el fin de un extenso proceso judicial que lo vincula con una de las tragedias más dolorosas del transporte argentino.



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