El Gobierno nacional volvió a intervenir en la política impositiva sobre los combustibles y resolvió postergar parcialmente los aumentos previstos, al tiempo que fijó subas acotadas para mayo. La decisión se formalizó a través del decreto 302/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y estableció un incremento general del 0,5% para el mes.
La normativa dispuso que, entre el 1 y el 31 de mayo, se apliquen incrementos específicos en los tributos que gravan las naftas y el gasoil. En el caso de las naftas, el ajuste fue de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, en tanto, se fijaron subas de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019, y de $1,056 en el tributo ambiental.

Al mismo tiempo, el decreto determinó que los incrementos remanentes correspondientes a actualizaciones de 2024 y 2025 quedaran nuevamente diferidos, esta vez hasta el 1 de junio de 2026. De esta manera, el Ejecutivo extendió el esquema de postergaciones que viene aplicando para administrar el impacto de estos tributos en los surtidores.
La actualización de los impuestos a los combustibles está contemplada en la Ley 23.966 y se calcula en función de la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), dependiente del Ministerio de Economía. En ese marco, la normativa recordó que la actualización trimestral de los montos corresponde a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —organismo que reemplazó a la ex AFIP—, encargada de aplicar las variaciones del índice.
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Desde el Gobierno justificaron la medida al señalar que buscan “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, por lo que consideraron necesario seguir regulando el impacto de los impuestos sobre los precios de los combustibles.
El decreto llevó las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y entró en vigencia desde el 1 de mayo, en un contexto donde la política de precios energéticos sigue siendo una variable clave para la inflación y la actividad económica.
El comunicado en Boletín Oficial
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