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La Justicia argentina investiga a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), por la realización de 72 viajes al exterior entre 2017 y 2025, muchos de ellos en aviones privados de lujo, con un costo estimado superior a los US$ 7 millones, para determinar cómo se financiaron esos traslados y si existieron maniobras de lavado de dinero o desvío de fondos.
Según consta en el expediente, de 150 tramos aéreos registrados, el 71% se efectuó en aeronaves ejecutivas, con un gasto promedio de US$ 150.000 por vuelo, una cifra que encendió las alarmas en el fuero Penal Económico, donde la causa es instruida por el juez Marcelo Aguinsky.
Los registros migratorios ubican como destinos frecuentes a Brasil, Ecuador, España, Estados Unidos, Paraguay y Perú, y detallan el uso de aeronaves de alta gama, como un Gulfstream G450, utilizado durante el Mundial de Qatar 2022, y un Bombardier Learjet 60XR perteneciente a Listra 200 SA, empresa vinculada al empresario Javier Faroni.
La pesquisa también detectó 18 vuelos operados por la firma Flyzar y al menos 60 traslados en helicóptero hacia una mansión en Pilar, valuada en US$ 17 millones, que se convirtió en uno de los ejes centrales de la investigación por su presunta conexión con gastos personales abonados con fondos corporativos.
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la relación entre Toviggino y Javier Faroni, señalado como recaudador de la AFA, y la firma TourProdEnter, creada por Érica Gillette, pareja de Faroni, bajo sospecha de haber canalizado US$ 42 millones hacia sociedades fantasma presuntamente ligadas al entorno del tesorero.
Los investigadores también analizan los nexos con Soma SRL, empresa de la cual Toviggino fue accionista, y el uso de aeronaves de Baires Fly SA, compañía investigada por la emisión de facturas presuntamente adulteradas.
En paralelo, el juzgado detectó que tarjetas corporativas de la AFA habrían sido utilizadas para cubrir vuelos privados, gastos personales, peajes, seguros y el mantenimiento de una flota de autos de lujo, consumos asociados a la residencia de Pilar.
En ese marco, aparece la figura de Luciano Pantano, sindicado como presunto testaferro, a cuyo nombre figuraba una tarjeta American Express corporativa con consumos mensuales cercanos a los 50 millones de pesos. Por orden judicial, el plástico fue dado de baja, medida que incluso provocó el corte del servicio de DirecTV en la vivienda del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en Cardales.
La causa también menciona a Fabián Saracco, Alejandro Molina, Juan Pablo Beacon, Francisco Capurro y Mauro Paz, un grupo de personas sin vínculo aparente entre sí, pero conectadas por negocios vinculados al fútbol y su cercanía con el tesorero.
Según los investigadores, la estructura de recaudación habría operado a través de Faroni, señalado como gestor de la denominada “marca Messi”, mediante un esquema que incluiría fondos por entre 300 y 400 millones de dólares que no figuran en los balances oficiales de la AFA.
El entramado financiero contaría además con el apoyo de Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, utilizada para descuento de cheques y préstamos a dirigentes, como el otorgado al titular de Banfield, Eduardo Spinosa.
Ante el avance de las causas impulsadas por la fiscal Cecilia Incardona, la AFA analiza trasladar su domicilio legal a Pilar, una maniobra que, según la investigación, buscaría evadir el control de la Inspección General de Justicia (IGJ) y quedar bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aires.
La Justicia ahora intenta determinar si el nivel de vida y gasto de Toviggino es compatible con sus ingresos declarados como directivo de una asociación civil, en una causa que podría convertirse en una de las investigaciones más sensibles sobre el manejo económico del fútbol argentino.
