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La Justicia dio un nuevo paso en la reparación histórica para la familia de Carlos Enrique Tereszecuk, el estudiante y militante político posadeño de 24 años que fue secuestrado, torturado y asesinado durante la última dictadura militar. A partir de una orden judicial, el Registro de las Personas de Corrientes emitió un nuevo certificado de defunción que deja asentado oficialmente que su muerte fue consecuencia de un homicidio y de un crimen de lesa humanidad.
El fiscal federal Diego Vigay, integrante de la Fiscalía Federal que interviene en causas de lesa humanidad, explicó que la medida completa una investigación que permitió reconstruir el derrotero de Tereszecuk y establecer las circunstancias de su muerte.
En diálogo con “Realidad Mixta” de Radio Up, Vigay recordó que la investigación había comenzado originalmente a partir de una denuncia presentada por el hermano mayor de Carlos con el retorno de la democracia. Sin embargo, aquella causa quedó trunca como consecuencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
La situación cambió a partir del hallazgo del expediente original a comienzos de 2025, cuando la Fiscalía Federal de Resistencia retomó la investigación y comenzó a trabajar nuevamente con testimonios de personas que habían visto a Tereszecuk detenido en la Jefatura de Policía de Resistencia durante los primeros días de noviembre.
Ese lugar funcionó como centro clandestino de detención y, según los testimonios incorporados a la causa, allí fueron alojadas numerosas personas, de las cuales muy pocas sobrevivieron.
“En el caso de Carlos fue visto en muy malas condiciones de salud por todas las torturas que había sufrido”, relató Vigay.
La reconstrucción judicial permitió establecer que Tereszecuk fue posteriormente asesinado y arrojado a las aguas del río Paraná. Su cuerpo había sido encontrado el 14 de noviembre de 1976 y permaneció enterrado como NN en el cementerio de Empedrado, Corrientes, durante más de cuatro décadas.
Recién en 2018, los trabajos de exhumación realizados por la Fiscalía Federal de Corrientes y el Equipo Argentino de Antropología Forense permitieron identificar sus restos y restituirlos a su familia.
“Se había dado un primer paso en el año 2018 con la identificación del cuerpo y la restitución del cuerpo a su familia para que les pueda dar sepultura en un cementerio de Posadas, y hacer el duelo”, explicó el fiscal.
Sin embargo, todavía quedaba pendiente completar judicialmente la reconstrucción de los hechos y dejar asentada esa verdad en la documentación oficial.
Un nuevo certificado para cerrar la reparación
La investigación desembocó en un juicio por el derecho a la verdad, impulsado ante la imposibilidad de identificar a todos los responsables directos del secuestro y asesinato. Algunos de quienes estaban a cargo de la Jefatura de Policía de Resistencia, además, ya habían fallecido.
La sentencia permitió reconstruir el secuestro de Tereszecuk, su alojamiento y las torturas sufridas en la dependencia policial, así como su posterior asesinato y el intento de hacer desaparecer su cuerpo arrojándolo al río Paraná.
El certificado de defunción original, confeccionado en 1976, no consignaba que se había tratado de un homicidio ni que la muerte estaba vinculada con un crimen de lesa humanidad.
Ahora, por orden judicial, el Registro de las Personas de Corrientes emitió un nuevo documento que anula el certificado original y deja asentada la verdad reconstruida judicialmente.
“Este certificado que se labra ahora, que emite el Registro de las Personas de Corrientes, termina de cerrar y sentar en documento público la verdad de cómo ocurrieron los hechos anulando el certificado original”, explicó Vigay.
Para la familia, la medida representa un nuevo paso en el proceso de reparación iniciado con la identificación de los restos.
“Con esta medida que estaba pendiente y el hecho de que los familiares recibieron en estos días este nuevo certificado de defunción, se termina de cerrar lo que es la reparación para la familia con saber la verdad”, sostuvo.
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La importancia del caso para reconstruir la represión en el Nordeste
Más allá de la historia individual de Tereszecuk, Vigay destacó que la sentencia tiene una importancia particular porque permitió establecer judicialmente que el arrojo de cuerpos al río Paraná fue parte de una metodología sistemática utilizada por el terrorismo de Estado en el Nordeste argentino.
El caso de Tereszecuk se suma a otros cuerpos identificados que también habían sido arrojados al río, entre ellos los de Rómulo Artieda, desaparecido del centro clandestino del Regimiento 9 de Corrientes en 1977, y Luis “Lucho” Pereira, una de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén.
“Con lo cual se está estableciendo que en distintos momentos, en distintos hechos y en distintos centros clandestinos de detención se arrojaban los cuerpos de quienes asesinaban al río Paraná”, señaló Vigay.
La sentencia estableció además características comunes en los cuerpos recuperados: se encontraban desnudos, atados de pies y manos con alambres, presentaban cortes en las yemas de los dedos para dificultar su identificación y heridas destinadas a evitar que los cuerpos flotaran. También se detectaron disparos de ejecución en el cráneo y el pecho.
“La sentencia de Tereszecuk estableció que existía un patrón común de esa sistemática”, afirmó el fiscal.
Vigay comparó este mecanismo con la sistemática de los llamados vuelos de la muerte, mediante los cuales cuerpos de personas asesinadas durante la dictadura fueron arrojados al mar.
“Así como se ha reconstruido en la Argentina la sistemática de los vuelos de la muerte con el arrojamiento de cuerpos al mar, también se estableció en el caso del Nordeste que existía una sistemática de arrojar los cuerpos al río para intentar hacerlos desaparecer”, explicó.
El fiscal destacó finalmente que todavía existen numerosas familias que continúan buscando los restos de sus seres queridos desaparecidos durante la dictadura.
“Hay que decir que son decenas las familias que siguen buscando a los cuerpos de sus seres queridos para cerrar la instancia del duelo, para darle cristiana sepultura”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó el impacto que tiene para esas familias la recuperación e identificación de los restos. “En cada uno de los casos que se encontraron los cuerpos, que se identificaron, que se restituyeron a su familia, fue muy sanador y fue una medida de reparación concreta en cada uno de esos casos”, concluyó.
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