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El gobierno nacional comenzó a circular un proyecto de Ley de Libertad Educativa que, de aprobarse, implicaría una transformación profunda del sistema educativo argentino. El documento propone la derogación de la Ley de Educación Nacional (26.206) y de otras normas históricas, además de una serie de reformas que, según especialistas en políticas públicas, representan un retroceso en términos de derechos y garantías educativas.
Advierten que la reforma educativa del Gobierno implica un retroceso histórico
A diferencia de las leyes sancionadas en 1993 y 2006 que reglamentaron el derecho a enseñar y aprender contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo omite expresamente la referencia al derecho a la educación. En su lugar, coloca en el centro la “libertad” de enseñar y aprender como consigna principal, desplazando el enfoque de derecho humano que rige actualmente.
Uno de los aspectos más relevantes del borrador es la derogación de la LEN, una normativa que introdujo políticas clave como la Educación Sexual Integral, la planificación quinquenal de formación docente, la educación ambiental integral y la reorganización de la educación técnico profesional.
Pese a la magnitud del cambio propuesto, el texto no presenta diagnósticos, estudios ni justificaciones pedagógicas que expliquen la necesidad de una reforma integral del sistema.
El proyecto también plantea modificaciones sustanciales para la gestión escolar. Impulsa una autonomía institucional amplia, otorgando a las escuelas la potestad de elaborar planes de estudio propios y definir sus propios regímenes de contratación y desvinculación docente, en contradicción con los estatutos vigentes. Además, se crea la figura de Consejos de Padres con facultades para designar y remover directores.
Entre otros puntos controvertidos, se propone:
considerar la educación como servicio esencial, limitando las huelgas docentes;
institucionalizar vouchers educativos como mecanismo de financiamiento;
habilitar la enseñanza religiosa en escuelas estatales fuera del horario escolar;
equiparar casi por completo las gestiones estatal y privada;
reconocer modalidades no presenciales sin detallar cómo garantizar la igualdad de acceso.
El texto tampoco menciona políticas centrales de las últimas décadas, como la educación sexual integral, la educación ambiental integral o la educación especial. La educación intercultural bilingüe queda relegada a un apartado menor referida a “alumnos con necesidades específicas”.
Para especialistas en derecho educativo, estas propuestas se inscriben en una lógica de desregulación y privatización que delega en las instituciones gran parte de las responsabilidades, promoviendo la competencia entre escuelas, docentes y estudiantes. En países donde se aplicaron modelos similares, advierten, las brechas territoriales y socioeconómicas se ampliaron.
El proyecto, además, se enmarca en una gestión que ha dado un rol marginal al sector educativo: desfinanciamiento universitario, paralización del sistema científico y externalización de programas como el Plan Nacional de Alfabetización.
La principal objeción jurídica apunta al principio de progresividad, que obliga al Estado a garantizar niveles cada vez más altos de satisfacción del derecho a la educación y a evitar retrocesos arbitrarios. Al proponer la eliminación de derechos y garantías vigentes, sostienen los especialistas, el proyecto vulnera la Constitución y los tratados internacionales con jerarquía constitucional.
En síntesis, la iniciativa oficial configura una reforma estructural que no se apoya en diagnósticos, retrocede en materia de derechos y contradice los marcos constitucionales y convencionales vigentes. Para quienes analizan el texto, se trata de una medida regresiva incompatible con la obligación del Estado de garantizar una educación pública inclusiva, equitativa y de calidad.
