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La decisión del Gobierno provincial de avanzar con una modificación de la normativa que había generado restricciones sobre el uso del glifosato no alcanza, para el sector productivo misionero, a resolver el problema de fondo. Así lo planteó Fernando Acosta, abogado representante de la Cámara del Té, quien dialogó con “La Última Rosca” de Radio Up y advirtió que las nuevas condiciones continúan generando incertidumbre y no ofrecen garantías para quienes trabajan con contratos de producción y exportación a largo plazo.
Acosta recordó que la preocupación del sector comenzó con la sanción de la ley de promoción de bioinsumos y continuó con los distintos decretos posteriores que fueron reduciendo el alcance de la obligación de utilizar productos alternativos.
“La preocupación de todo el sector productivo de la provincia partió cuando se dictó esta ley y después sucesivamente con los distintos decretos que se fueron dictando que fueron quitándole fuerza a la ley”, explicó.
Sin embargo, consideró que el nuevo decreto vuelve a reproducir problemas que ya habían sido advertidos por los productores.
“Desgraciadamente se insiste con una redacción de un último decreto, es casi una copia textual del mismo texto, sobre el cual nosotros, más allá de la ampliación de la acción judicial, habíamos criticado”, sostuvo.
“No brinda un marco de seguridad jurídica”
Para el representante de la Cámara del Té, el principal problema continúa siendo la falta de previsibilidad para quienes producen y exportan desde Misiones.
“Lo que no brinda toda esta legislación es un marco de seguridad jurídica. Y un marco de seguridad para que los productores acá de la provincia de Misiones puedan celebrar contrato a largo plazo. Y eso es, me parece que es lo que no se entiende, no se quiere entender o se desconoce”, afirmó.
Acosta puso como ejemplo los acuerdos comerciales que pueden extenderse durante una década o incluso más y advirtió que cualquier modificación normativa puede afectar directamente el cumplimiento de esos compromisos.
“Muchas empresas y productores están comprometidos a través de contratos a largo plazo. A largo plazo estamos hablando de diez años más”, señaló.
En ese contexto, cuestionó que la nueva redacción del artículo 7 quede condicionada a decisiones de organismos nacionales y de los países donde se comercializan los productos misioneros.
“Se sujeta a su exigencia a partir de condiciones que son ambiguas”, indicó. Y explicó: “Por un lado, establece la norma que en la medida que organismos nacionales competentes autoricen la autorización de bioinsumo y fíjese la mala calidad y la técnica legislativa que se dice y o lo que correspondan a los países de destino de las exportaciones de los productos de origen de la provincia de Misiones, hayan autorizado la utilización de fitosanitario amigable con el ambiente”.
Para Acosta, esa fórmula puede generar nuevas dificultades porque los requisitos pueden variar de acuerdo con cada mercado internacional.
“Es muy fácil razonar que esto está mal, porque si en algunos países se puede aprobar en otros no entonces ¿qué va a pasar con todo esto? Esto crea inseguridad”, planteó.
Por eso, consideró que la modificación propuesta no brinda una solución definitiva.
“En una decisión de la Cámara, lo único que trae más confusión, más inseguridad. Esto se puede hacer bien, n y no sé por qué motivo ahora se apuran en sacar una norma con esta reacción ambigua, insegura, que lo único que aporta es más confusión al sector”, cuestionó.
El sector no lo considera una victoria
Ante la posibilidad de que la modificación de la normativa sea interpretada como una victoria del sector agrario que reclamó contra la obligatoriedad del bioinsumo, Acosta fue contundente.
“No se puede tomar como una victoria porque no se gana nada acá”, afirmó.
De todos modos, reconoció que el cambio representa una mejora respecto del escenario anterior.
“Obviamente constituye un avance de lo que estábamos hasta el año pasado en que se edita el segundo o el tercer decreto que minimizó los alcances de la obligación de utilizar estos productos, obviamente estamos un paso adelante”, explicó.
Pero inmediatamente aclaró que el sector todavía necesita certezas.
“Yo creo que el sector productivo debe estar con algo más de seguridad de lo que estaba. Pero en verdad, nunca entendimos en términos de razonabilidad por qué motivo se sancionó esta ley”, sostuvo.
Acosta también cuestionó que originalmente se haya avanzado con una normativa que imponía el uso de determinados productos cuando todavía no existían las aprobaciones necesarias.
“Más cuando no había ningún avance, no sé qué razón se tuvo, creo que ninguna, para autorizar ese producto que la provincia de Misiones lo promocionó o lo promociona”, manifestó.
Piden reglas claras para los bioinsumos
El abogado sostuvo que el sector no se opone al desarrollo de alternativas más amigables con el ambiente, pero reclamó que cualquier producto utilizado en la producción tenga los controles y certificaciones correspondientes.
En ese sentido, recordó que la aprobación de un bioinsumo puede demandar años de estudios y señaló que el producto promovido por la provincia no contaba con la aprobación correspondiente.
“La aprobación de un bioinsumo lleva mucho tiempo de experimento, de experiencia, y nos hablaron de diez años. Creo que sí que puede haber alguno, pero para destinos muy específicos y obviamente lo que sí estamos seguros que este bioinsumo que estaba promocionando la provincia de Misiones, no estaba aprobado”, afirmó.
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El cuestionamiento constitucional
Más allá de la discusión específica sobre el glifosato y los bioinsumos, Acosta puso el foco sobre otro aspecto de la normativa que considera particularmente grave: la delegación de facultades legislativas en un funcionario del Poder Ejecutivo.
Según explicó, el proyecto que se analizará modifica únicamente el artículo 7 de la ley, pero existe otro punto que debería ser revisado.
“El proyecto de ley que se va a tratar solamente trata un artículo que es el artículo 7. Pero también tiene la ley en el artículo 5, algo que desde el punto de vista constitucional es grave, es que se delega la facultad de complementar y de dictar las normas necesarias en el ministro de Agro”, señaló.
Acosta aclaró que su cuestionamiento no está dirigido contra una persona determinada, sino contra la delegación de una atribución que, a su entender, corresponde al Poder Legislativo.
Y fue más contundente al referirse al alcance de esa delegación: “Pero lo que no se puede hacer, porque eso es una inconstitucionalidad muy grande, es que por ley se delegue en un funcionario de segundo rango complementar la ley, que es como dictar la ley”.
Para el abogado, la Legislatura debe asumir directamente la responsabilidad de establecer las reglas que regirán al sector.
“Esto es grave, eso la Cámara lo no puede permitir, no lo puede hacer porque la Constitución lo prohíbe”, sostuvo.
Finalmente, insistió en que cualquier modificación que resulte necesaria debe surgir del propio Poder Legislativo y no quedar en manos de un funcionario del Ejecutivo.
“Yo creo que eso es también otro tema que con responsabilidad tiene que asumir la Cámara. Lo que tiene, si hay normas complementarias que dictar, tiene que hacerlo la Cámara, no delegar en un funcionario de segunda línea, en un ministro”, concluyó.
Herrera Ahuad, antes de viajar a Brasil: “No sabemos hasta dónde puede escalar este conflicto”https://t.co/rYQmv39Bqx pic.twitter.com/5eOID15Bt5
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